San José de Cúcuta carece de parques, a diferencia de otras ciudades. Por el alto nivel de subdesarrollo y corrupción en administraciones pasadas, se dilapidaron los terrenos del Bosque Popular, en donde se construyeron edificios y hoy funciona Home Center; así mismo, se planificaron mal zonas como la del antiguo Mercado de la Sexta y el Parque Bavaria; salvo el Parque San Rafael, el Malecón, y algunos sectores en Atalaya, los cucuteños no tenemos zonas de esparcimiento. 

Algún filósofo decía que la democracia también se mide por lo que la gente hace en su tiempo libre, en referencia al espacio público. Pues bien, la ciudad de Cúcuta niega oportunidades de recreación al 95% de sus habitantes.  

Los terrenos del Club Tennis representan un lugar de privilegio. Sabemos que se trata de una propiedad privada, pero también que la propiedad privada tiene una función social y, por lo mismo, implica obligaciones. 

Este concepto filosófico que acuñara Robespierre en plena Revolución Francesa, fue introducido entre nosotros gracias a la Reforma Constitucional de 1936, liderada por López Pumarejo. 

Desde entonces, se ha acrecentado en nuestro derecho público. Por supuesto, la Constitución de 1991 exalta no solo su alcance, sino que en tratándose de los terrenos del Club Tennis, facilita la ruta con el principio del Interés General, que guía toda la Carta y su desarrollo legal. 

Además, el derecho a un medio ambiente sano cierra las posibilidades para que los intereses particulares se impongan.  

No obstante, la confrontación entre el interés general y el interés privado se torna álgida en el subdesarrollo. Aparece en la educación, la vivienda, los recursos naturales, las concesiones, etc. 

Frente a los terrenos del Club Tennis, conocemos la pretensión, cual es comenzar por urbanizar las 16 hectáreas que colindan con el Colegio Santo Angel. 

Si se permite este atropello, después se perderán las 20 hectáreas restantes. Los planos de esta fase muestran 2 hectáreas para el Centro Comercial que edificaría Ospinas, y otras tantas para construír edificios.  

Este acto contra el Interés General de los cucuteños no puede ser Crónica de una Muerte Anunciada. Todos sabemos lo que se pretende, ya que el Tribunal Administrativo del departamento le dio luz verde en diciembre pasado, autorizando la destrucción arborífera con una compensación ridícula en términos ecológicos. A pesar de las dos instancias judiciales, todavía hay suficiente arsenal constitucional y legal para detener el abuso. Se requiere, además, de un movimiento de opinión que defienda el Interés General.  

El ideal, pensando en la democracia, dada la carencia de zonas verdes de Cúcuta, sería que esas tierras fueran un parque público, con áreas de esparcimiento para adultos mayores, espacios para niños, y segmentos para prácticas deportivas, alrededor de los 4500 árboles que ya existen, a los que podrían adicionarse otros miles bajo siembra planificada. Añoramos un filántropo como Buffet, o un consorcio entre Corponor, el departamento, el municipio y alguna ONG ambiental para comprar esas tierras y evitar la manipulación del uso del suelo. Mientras ello ocurre, que el Club siga funcionando otros tantos años, preservando las tierras como reserva ambiental.  

Hasta ahora, hemos conocido numerosas artimañas jurídicas para pisotear el Interés General de los cucuteños, comenzando por la acción oscura del Concejo de hace unos años que permitió el ‘desarrollo’ urbanístico. En la zona existen 840 árboles cuyo valor ecológico es incalculable, toda vez que cada uno es capaz de absorber 28 kilos de contaminación anualmente; ese espacio, rico en fauna y flora, fue considerado Área Verde de Conservación y Protección Ambiental en el Plan de la Cuenca Hidrográfica del Río Pamplonita en 2014. Los fallos son para acatarlos, pero cuando son abiertamente inconstitucionales, en tanto sacrifican el Interés General, dicen mucho de quienes los emiten.  

En Ibagué, Ospinas y Cía no pudo atropellar. Tampoco se atreve a tocar los terrenos del Club El Rodeo en Medellín, en donde el aspecto ambiental se respeta. Ojalá esta constructora y sus amigos, con sensatez, busquen otra zona en la ciudad para promover verdadero desarrollo. Entre tanto, a la Alcaldía de Cúcuta le corresponde liderar esta cruzada en defensa de este pulmón ambiental. Esperamos que Jairo Yáñez, avalado por los Verdes, esté en sintonía con la plataforma de su partido, la Constitución y la ley. No nos imaginamos el día en que entren las motosierras, haya protestas ciudadanas, y lleguen periodistas nacionales e internacionales para registrar este crimen contra el Interés General y el patrimonio ecológico de Cúcuta.