Nuevamente la vecina Venezuela es el foco de atención por su situación política, la cual ha tomado un nuevo giro con las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de atribuirse las facultades del legislativo desconociendo la legalidad y las actuaciones del parlamento representado en la Asamblea Nacional de marcada mayoría opositora. Esto es otra cosa materializar con visos de legalidad lo que ya estaba sucediendo con su no reconocimiento, el Ejecutivo desde hace rato señaló que estaba en desacato. Este hecho es a todas luces inconstitucional, tanto así que, la misma fiscal general de la nación le salió al paso a al TSJ para recabar sobre este hecho y señalar su ilegalidad.
El mismo Hugo Chávez, en el 2010, había condenado la disolución de la Asamblea Nacional, y hace parte de la doctrina chavista que hasta ahora había mantenido los poderes en sus manos, ligados a la misma carta política y concentrados en fieles a su comandante. Por eso, la Asamblea Nacional desde cuando fue elegida, hace más de un año, ha sido una piedra en el zapato. Tampoco nunca antes se había visto esa especie de rebelión por parte de algunos de sus correligionarios, tal como ha ocurrido ahora con la fiscal Luisa Ortega, quien ocupa el cargo gracias a su militancia y apego al chavismo. Las declaraciones apresuradas de Maduro para tratar de apagar el incendio, haciéndose pasar por ignorante en materia de las decisiones últimas del tribunal supremo, algo así como, a mí no me dijeron, no fueron tomadas por ciertas pues el gobierno funciona siempre alrededor del supremo y su cuerda de áulicos.
Con lo que no contaban los altos mandos del gobierno, era con las declaraciones de la fiscal y su condena pública a la disolución de la Asamblea que en todos los ámbitos nacional e internacional fue interpretada como un golpe de estado, un “Madurazo” para darle nombre propio.
En la primera evaluación con los poderes del Estado sin contar con la Fiscalía y el Parlamento, se tomó la decisión de revisar las últimas sentencias y revertir la decisión de asumir las competencias del legislativo por parte del TSJ, hecho que debe concluir con el restablecimiento pleno de la Asamblea Nacional. Por tanto, ha tenido que recular el gobierno y con esta marcha atrás está dando signos de debilidad surgidos desde dentro, desde su propia entraña que, ya se advertían desde afuera.
Estaremos atentos a los desenlaces de esta nueva dinámica en Venezuela, porque todo lo que ocurra allá repercute en la zona de frontera y es nuestra ciudad donde más se sienten esos coletazos.
Bien sea por desplazamiento de los venezolanos o por el retorno de colombianos con sus carencias y necesidades de diverso orden. Por ahora el gobierno ha mostrado cierta cautela tomando en cuenta las repercusiones de tipo social y humanitario, pero debe estar pronto y atento para soluciones a la problemática que puede generarse y que esta sea mitigada de la mejor manera para que no altere la convivencia en esta zona del país.
