Reconozco que el anterior presidente Santos dejó al país hipotecado con el arreglo de paz, desconociendo palmariamente la votación que ganó que fue la del No, acto contrario a las normas legales y que ninguna autoridad del país tuvo el valor civil de solicitar investigación penal por tan grave hecho. 

En este gobierno, ya se  hizo una reforma tributaria y plantea la ley de financiamiento, que en el fondo es otra reforma tributaria más, particularmente lesiva para la clase obrera. 

Y el Centro Democrático con Uribe  a la cabeza, presentó un proyecto de reforma laboral el 2 de octubre de este año, lesivo a la clase trabajadora, en detrimento de los jóvenes, solicitando rebaja del salario mínimo para los jóvenes, entre varios de los puntos, eliminación de las horas extras, festivos y dominicales, cuando, lo más justo es que quien labora más de lo establecido, tiene derecho a ese reconocimiento salarial, mucho más cuando se sacrifica la vida familiar.  . 

En el Plan Nacional de Desarrollo quedó establecida la viabilidad de contratación por menos del salario mínimo, manifestando el propio Duque, que ya se está haciendo la concertación, como lo señaló en Cartagena al expresar que no había razones para el paro. 

Y si bien no es el gobierno quien propone la reforma pensional, se viene insistiendo por el señor Montenegro hace tiempo, por conducto de Asofondos, en la urgencia de ella, para dar mayor cobertura eliminando la prima media en perjuicio ostensible a los trabajadores, para favorecer en el fondo los fondos privados, del Sindicato Antioqueño y Sarmiento Angulo, que son un perjuicio enorme para los trabajadores, que en caso de quiebra, no encontraría respaldo  en el Gobierno por ser empresas privadas. Hay enorme preocupación porque pasó a formar parte de la Junta de Colpensiones, quien liquidó Cafesalud, lo que genera temor de que llegue a desaparecer Colpensiones.

Este es el país de las mentiras, se creó el impuesto del 4 por mil como medida transitoria y aún persevera, pese a las grandes utilidades del sector bancario, así como se ha venido incrementando el IVA, en proporción nefasta para la clase trabajadora. 

Y qué decir de un problema endémico, como es el relacionado con las EPS, que ya ni acudiendo a las tutelas y al desacato, logran una adecuada atención. Me pregunto, porqué razón la Corte Constitucional viendo ésta injusticia social, no toma el toro por los cachos y busca ponerle fin a esa inequidad social 

Igual crítica cabe a los señores congresistas ungidos por el voto popular, recordando el  caso Aída Merlano con la compraventa de votos y la feria de contratos antes de la inhabilitación, que tampoco ha merecido exhaustiva investigación por la Contraloría, Procuraduría y la propia Fiscalía general de la nación  por  la feria de contratos celebrados antes de inhabilitarse  por elecciones, para obtener los favores en las mismas, situación que podría remediarse mediante la carrera administrativa en todos los niveles nacional, departamental y regional.. . 

La fundación paz y reconciliación, denuncia el grave peligro de que desaparezca el Fondo Nacional del Ahorro, haciendo un contrato de reestructuración, para adelgazarlo, lo que podría terminar en su quiebra para que esos dineros pasen a los bancos, esto es, más ganancias para los bancos.

Y vemos como se dispuso que los ciudadanos pagáramos el producto del robo de Electricaribe, recordando que las empresas más rentables se fueron vendiendo por los presidentes de turno, lo que obliga  a tapar el hueco fiscal con reformas tributarias y medidas en contra de la clase trabajadora.  

A simple vista vemos unos de los tantos problemas que aquejan a nuestra Nación siendo un legítimo derecho constitucional, el de realizar marchas para buscar soluciones efectivas, con la salvedad que ellas deben caracterizarse por ser pacíficas y que no se permita la presencia de elementos extraños, en detrimento de la seguridad y tranquilidad social, evitando situaciones como las acaecidas en Chile y Ecuador.

Ojalá que no se den disturbios, pues es al Estado a quien le compete mantener el orden por medio de sus instituciones creadas para tal fin, salvaguardando los derechos de los ciudadanos.