Se critica duramente la justicia por su  inoperancia pero se desconoce olímpicamente por el Gobierno la independencia y autonomía presupuestal que debiera tener ella como tercera rama del poder público.

Efectivamente la rama ejecutiva y la legislativa gozan de presupuesto sin límites mientras la apropiación para la judicial no llega al 4%.

Está en trámite en el Senado un proyecto de ley por medio del cual se pretende desviar recursos que son de la rama judicial atinentes a los dineros provenientes de depósitos judiciales no cobrados y que por esa razón prescribieron con los correspondientes rendimientos que suman 118.000 millones de los títulos y 160.000 millones por intereses

Esos recursos pertenecen al Consejo Superior de la Judicatura y servirían para construir salas de audiencias donde se requieren dotación de despachos judiciales, logística en general para mejorar la justicia y poder evacuar oportunamente el alto número de procesos y tutelas que tiene en trámite. 

El destino que se le pretende dar es mejoramiento vial y carcelario.

El Gobierno debe buscar esos recursos y no afectar la administración de justicia, baluarte de cualquier democracia pero que acá es torpedeada desde el mismo gobierno en detrimento del pueblo colombiano. 

Si las denuncias superan las sentencias en proporción tres a uno, ¿cuándo tendremos una verdadera justicia?

Por ello debemos estar atentos a evitar este nuevo atropello para  la justicia y evitar que sea más deficiente ella como consecuencia de este rudo golpe que afecta seriamente su desarrollo.

Es esta la causa por la que el Consejo Superior de la Judicatura, jueces,  magistrados y abogados litigantes elevan esta denuncia que va en contravía de la ciudadanía en general que es la directamente afectada.