En medio de la cascada de noticias y escándalos de la semana ,la confrontación del Ministro de Interior con los gobernadores no tuvo mayor impacto. No se trató simplemente de una declaración de Velasco, en la que utilizó en forma equivocada una palabra que ofendió a los mandatarios. En el fondo de la discusión se encuentra el deterioro evidente de la situación de seguridad y orden público. También hay un debate alrededor de las responsabilidades de gobernadores y alcaldes con la seguridad de sus ciudadanos y el modelo de ordenamiento territorial. Finalmente, está la absurda petición de los gobernadores de Quindío y Meta de la remoción del Ministro por sus afirmaciones. Vayamos por partes.

En primer lugar hay que reiterar que la seguridad va mal. Es cierto que los problemas de orden público no surgieron con la posesión de Petro,pero la verdad es que tampoco se ha mejorado en el último año. Durante el cuatrienio Duque el ELN duplicó el número de municipios en los que hace presencia,así como sucedió con el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. La tranquilidad que se había recuperado con la firma del acuerdo con las FARC y los años previos,se perdió por cuenta de la ineficacia para combatir a los grupos criminales y la decisión de no implementar el acuerdo de paz,especialmente en lo relacionado a la reforma rural y la inversión en los 170 municipios PDETS. En el Cauca el estado perdió el control. Sin embargo, las cosas no han mejorado para la población civil con la política de paz total,a la que hace falta una estrategia coherente y eficaz de seguridad.

En segundo término, hay que aceptar que es cierto que los gobernadores están haciendo política con la seguridad. Casi ninguno acompañó la elección de Petro.Ahora que culminan su periodo, son pocos los que quisieran pasar al gobierno nacional y tampoco se ve intención del Presidente en nombrarlos. Es bien distinta esta situación a la de gobiernos anteriores, en los que los mandatarios territoriales tenían la expectativa de ser designados por el jefe de estado y trataban de mantener las mejores relaciones. En este caso,además,con la creciente indignación ciudadana por la inseguridad,muchos de los gobernadores y alcaldes sueñan con eventuales candidaturas presidenciales,cabalgando sobre el “desastre” de Petro. A veces,incluso se percibe una competencia entre ellos por mostrarse cada vez más duros.

Un tercer tema de discusión en esta confrontación es el del modelo de ordenamiento territorial. ¿Quién responde por la seguridad en los territorios?El centralismo en este país asfixia la democracia y es incapaz de resolver los problemas de la gente. El cacareado acuerdo nacional debería abrir un capítulo sobre la autonomía territorial.Una nación que no se desarrolla armónicamente desde las regiones, es incapaz de consolidar su unidad y siempre padecerá fracturas territoriales.Tenemos un estado macrocefálico,con una inmensa cabeza en el gobierno nacional y famélico en las regiones. La implementación del acuerdo de paz del 2016 es el mejor ejemplo. La decisión de concentrar en Bogotá todos los instrumentos del estado para cumplir ese propósito dificultó la llegada de la Paz a los territorios y en muchas de esas zonas se reprodujo el círculo vicioso de pobreza,exclusión y violencia.

Más allá de la anécdota y las reacciones airadas e hipócritas,de la absurda petición de salida del Ministro del Interior,los problemas de fondo siguen sin solución a la vista. Los ciudadanos están atemorizados en los centros urbanos y las zonas rurales ante la arremetida de los violentos y la débil reacción del estado,y nos negamos a debatir a fondo el problema de la distribución del poder entre el gobierno central y los gobiernos regionales. El acuerdo nacional debería comenzar por discutir estos dos grandes temas y dejar a un lado las discusiones pequeñas sobre una palabra mal utilizada por el Ministro y la exagerada respuesta de unos gobernadores que ya terminan sus periodos y exploran sus posibilidades políticas futuras.

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