Eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas es fundamental para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS, 5: lograr la igualdad de género. Un propósito que hace parte de los 17 objetivos para transformar el mundo, consignados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, como un pacto para proteger el planeta, garantizar que todas las personas vivan en paz y prosperidad y que logremos un mundo mejor.

Las metas fijadas son tan ambiciosas como necesarias, y en ellas han concentrado sus esfuerzos organizaciones y gobiernos, aunque por momentos se vean lejanas. En el caso de las violencias basadas en género, las cifras señalan que 736 millones de mujeres en el mundo las han padecido; casi una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual al menos una vez en su vida. Situación que no es ajena a Colombia, donde hasta el mes de noviembre se documentaron más de 35.000 de estas denuncias, así como decenas de historias que han estremecido al país.

Según la ONU, se estima que el costo de la violencia contra las mujeres asciende a 1.5 billones de dólares a nivel global; en América Latina y el Caribe oscila entre el 1,6% y el 6,4% del producto interno bruto de los países de la región. Nada comparable con la pérdida de vidas o los daños emocionales que dejan las mismas, pero sí dicientes de lo que podría lograrse al disminuirlas. En tanto, tres de cada cuatro países carecen de sistemas de seguimiento de las asignaciones presupuestarias, en pro de la igualdad de género.

Si bien el mundo viene trabajando, desde hace un par de décadas, en la urgencia de tratar las violencias de género como un asunto público y prioritario, aún hay mucho por hacer desde el Estado, la sociedad y la familia. Se requiere reforzar la importancia de conocer los tipos de violencia, las rutas de atención y las acciones que garanticen la protección de quienes se encuentran en peligro; formular políticas públicas eficientes que atiendan las cifras y estudios, y no solo manifestarse cuando ocurre un hecho lamentable.

También se debe fortalecer la legislación; son 162 los países que cuentan con leyes sobre la violencia doméstica, para que las mismas se respeten. En Colombia, la Ley 1257 del 2008 reformó el Código Penal para sensibilizar, prevenir y sancionar las violencias basadas en género, de la cual se desprenden una serie de iniciativas que propenden por el apoyo y seguimiento a quienes están pasando por una situación que pone en riesgo su vida, su integridad y dignidad. En ello hay que continuar trabajando para que las mismas sean permanentes, tengan recursos y adelanten programas que se ejecuten donde más se necesitan.

Desde distintas organizaciones que trabajan en favor de las mujeres se impulsan programas que requieren del acompañamiento decidido del Gobierno para ser amplificadas y llegar a más lugares. ‘Ofelia no está sola’, por ejemplo, es la estrategia de la Fundación WWB Colombia, que ha llegado a 258 municipios nacionales y 4 países de Latinoamérica, para generar conciencia, facilitar el acceso y apropiación de los derechos y la libre elección de las mujeres en la toma de decisiones.

Uno de tantos esfuerzos por promover el conocimiento, el empoderamiento, la autonomía y el respeto. Gracias a todas las instituciones que incluyen en su quehacer la perspectiva de género, porque con ellas es posible seguir avanzando en el cierre de brechas de desigualdad y en la disminución de los riesgos.

Nunca serán demasiadas las iniciativas que se implementen para proteger la vida. Siempre será necesario el compromiso de todas y todos para que hoy y siempre podamos decirles a más niñas y mujeres, ¡estamos contigo! ¡No estás sola! 

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