Una noticia fechada el 10 de junio de 2018 recoge las palabras del entonces candidato a la presidencia Iván Duque en su cierre de campaña en Manizales: “Indicó que va a promover la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños y que va a garantizar que los pequeños tengan esperanza en un mejor futuro todos los días” El 6 de julio de este año el presidente Duque sancionó la ley de cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños. 
 
Pero hace 2 días la Corte Constitucional tumbó esta ley al sentenciar que no se ajusta a los postulados de la constitución que nos rige desde 1991. La magistrada ponente consideró que esta ley en la práctica generaría graves efectos para la dignidad del sentenciado, sería también un trato cruel para los violadores. Además la ponente y los miembros de la Corte que votaron a favor de esa ponencia, consideran que con la cadena perpetua no se contribuye a disminuir los casos por estos delitos y tampoco contribuirá a la resocialización de los convictos. 
 
En estos principios se basa la decisión tomada y echa al traste los esfuerzos impulsados desde el ejecutivo y el liderazgo ejercido por un grupo de activistas que sostuvieron en pie las banderas esgrimidas por la ya fallecida senadora Gilma Jiménez Gómez quien mantuvo una larga lucha en defensa de todas las causas a favor de la niñez colombiana y promovió la pena de cadena perpetua para los autores de violaciones y crímenes contra los menores de edad. 
 
Publicaciones previas se  anticiparon en darle la razón a la Corte Constitucional, tal como se puede leer en la página de la Universidad de Antioquia: “A tan sólo 1 debate de ser materializado, el proyecto empieza a aunar un gran número de detractores no sólo en el Congreso, sino también en distintas organizaciones e instituciones académicas. El primero de junio, un grupo de 19 juristas expertos participaron de una audiencia pública en la que señalaron la inconstitucionalidad de la cadena perpetua en Colombia, argumentando -entre muchas otras cosas-, que va en contra de la dignidad humana, derecho a la libertad, impedimento de resocialización, además de conllevar fallas y contradicciones en la política criminal y en el sistema penitenciario”
 
De tal forma que no bastaron los muchos debates y la aprobación en el legislativo, el apoyo incondicional del ejecutivo y los movimientos populares que agitaron durante mucho tiempo la iniciativa; la ley no tuvo el beneplácito final de la Corte Constitucional. Así que la pena máxima para estos delitos continuará siendo entre los 40 y 60 años. 
 
No será por la vía de endurecer las penas como se intente reducir los crímenes contra la niñez ¿Pero cómo conseguir la resocialización de los agresores de menores que por lo común son personas cercanas a la víctima? ¿Cómo debe educarse a los adultos para que no abusen de los niños y los hagan objeto de sus viles instintos? No hay respeto por los menores y su indefensión los hace vulnerables a este tipo de perjuicio y maltrato. ¿Cómo será posible enseñar a amar a los débiles niños y defenderlos de quienes se aprovechan de esta condición? No hay respuestas fáciles. No habrá penas más drásticas. Habrá muchos violadores y lo peor muchos quedarán impunes. 

jorgepabonl@yahoo.com