El Presidente Santos y su gabinete estuvieron recientemente en Cúcuta para analizar la difícil situación en la frontera y anunciar nuevas medidas. ¡Más vale tarde que nunca! Algunas de las medidas analizadas, desde la distancia, resultan confusas y otras parecen insuficientes.
Pero son un buen comienzo. Veamos los datos:
• La Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) fue creada con la idea de autorizar la entrada de alrededor de 30.000 venezolanos al país y permitirles permanecer en nuestra frontera por siete días. Resulta que, hasta el momento, se han expedido más de millón y medio de estas tarjetas. Para 2015 se había proyectado que la población de Cúcuta llegaría a 656.414 habitantes. O sea que el número de tarjetas supera en 228 por ciento el total de habitantes de la ciudad. En la ciudad, no hay campo ni recursos para tanta gente. Aunque el Presidente Santos anunció que no se expedirán Tarjetas adicionales, las que se encuentran en manos de la gente continuarán vigentes.
• El pasaporte será el documento principal de control de la movilidad de las personas a través de la frontera. Ello requerirá de un aumento muy significativo de agentes de migración. Amanecerá y veremos.
• El Permiso Especial de Permanencia (PEP) también se expide a venezolanos para trabajar y permanecer en Colombia por dos años, con acceso a los servicios sociales. No sabemos cuántos PEP se han expedido, ni cuales sean los requisitos exigidos. Los costos de esta medida solidaria deberían ser cubiertos por el gobierno nacional. Sin embargo, al Hospital Erasmo Meoz, para hablar solamente de un caso, el Ministerio de Salud tan sólo la ha pagado un diez por ciento de los costos en que ha incurrido por atender a la población venezolana.
•Para controlar los movimientos de personas y mercaderías a través de más de 250 puntos, a lo largo de nuestra frontera con Venezuela, se destinarán 3.000 miembros de la fuerza pública. Este número parece insuficiente, ya que no estarán concentrados exclusivamente en los puentes fronterizos y en los pasos principales.
• El Presidente Santos se mostró consciente (y preocupado) por el empeoramiento de la inseguridad en Cúcuta. La realidad es que ya los cucuteños no saben cómo defenderse de los hampones. Anunció Santos el inicio de la Operación Esparta para combatir el crimen organizado en la zona. Quinientos efectivos de la fuerza pública estarán en Cúcuta. No quedó claro si se trata de nuevos efectivos, o si los 500 serán el total de viejos y nuevos militares y policías. De todas maneras, estas medidas son importantísimas y si resultan efectivas pueden frenar el proceso de desinversión que sufre hoy la ciudad.
• Buena la iniciativa de crear un grupo que defienda los espacios públicos como calles y parques. Los migrantes no podrán dormir en dichos espacios públicos. Las Naciones Unidas construirá un albergue especial con capacidad para 2.000 personas.
• Los inspectores de trabajo tendrán la tarea de vigilar que las empresas no exploten a los trabajadores venezolanos con salarios de hambre y que les paguen sus prestaciones de ley. De esa manera, también se combatirá la competencia desleal con la mano de obra y los trabajadores colombianos.
El gobierno nacional, en diálogo con la Alcaldía de Cúcuta, la Gobernación y el sector privado, debería definir una serie de incentivos fiscales para la inversión y creación de empleo en nuevas empresas en la frontera. La verdad es que, de alguna manera, hay que compensar a los empresarios que enfrentan tantos riesgos y desventajas locales. Otorgarles algunas ventajas en términos impositivos, podría ayudar a que se animen a traer capitales a Cúcuta. La Cámara de Comercio y las agremiaciones vienen trabajando muy bien y presentando ideas valiosas en ese y otros campos. Hay que persistir.
