El Gobierno Nacional decretó una nueva emergencia económica y social por treinta días. La Constitución Nacional permite hasta 90 días de emergencia en un año y ya se completaron 60. Es muy posible que aún nos falte una declaratoria más. Más allá de las discusiones de algunos juristas y economistas en los últimos días sobre la suerte que puede correr este segundo decreto en su revisión constitucional, en la medida en que no es claro que se hayan presentado hechos sobrevivientes desde la expedición del primero, será muy importante evaluar las medidas concretas que adopte el gobierno para afrontar la profunda crisis económica y social desatada en nuestro país y el mundo entero desde el pasado mes de marzo.
La primera decisión que tomó el ejecutivo para proteger el empleo formal va en la dirección correcta, aunque es tardía en el tiempo e insuficiente en el valor de las nóminas que asume el gobierno. Desde comienzos del mes de abril numerosos economistas, ex ministros y académicos propusieron que el gobierno nacional se metiera la mano al bolsillo como única fórmula para proteger eficazmente el empleo formal y evitar un colapso en el mercado laboral. Salomón Kalmanovitz, Mauricio Cabrera, Rudolf Hommes, Carlos Caballero, Juan Carlos Echeverry, por solo citar algunos destacados economistas, plantearon la urgente necesidad de financiar parte importante de las nóminas de las empresas, cuya actividad se hubiera visto paralizada por la llegada de la pandemia. Desde el Laboratorio para la Igualdad y el Desarrollo Sostenible, LIDES, del que hacemos parte con un amplio grupo de dirigentes y ex ministros de orientación social-demócrata, enviamos una carta al jefe de estado en el mismo sentido desde el pasado 30 de marzo.
Mientras tanto, las principales potencias del mundo como Estados Unidos, Alemania, Francia y España emprendieron acciones en esa misma línea, y en naciones similares a la nuestra como Peru, Chile y Argentina también lo hicieron. En Colombia se descartó en un principio esta medida de choque, por considerarla demasiado costosa. Seis semanas más tarde, ante la crudeza y contundencia de las cifras de desempleo del mes de marzo, se decide ahora asumir el pago del 40% del salario mínimo legal de cada trabajador que preserven las empresas.
Sin duda alguna es lo correcto, aunque surgen discusiones sobre los detalles de la medida. Algunos consideran que seguramente hubiera sido más útil y conveniente cubrir un porcentaje mayor de la nómina a menos empresas, es decir, financiar a aquellas que demostraran una reducción en sus ingresos superior al 50 % y no solo del 20% , y que el subsidio llegara al menos al 70% . En cualquier caso, ojalá esta medida no llegue demasiado tarde porque ya son demasiadas las Mipymes que han cerrado sus puertas ante la pérdida total de ingresos. Solo en un par de meses se podrá evaluar la efectividad real de la medida y el número de empresas y empleos que lograron salvarse.
En el caso de Cúcuta y Norte de Santander la situación es más dramática aún. La corta y tímida reactivación que vivió la ciudad al finales del año anterior se vino abajo por obvias razones. El cierre de la frontera, la disminución de la inversión pública, la reducción sustancial del giro de remesas a los venezolanos y la parálisis de la actividad comercial, nos producirán un gran impacto económico y social. Basta recordar que la tasa de informalidad laboral en la ciudad supera el 72% y el desempleo llegó en marzo a la escandalosa cifra del 18%. Es decir, que sólo un poco menos del 10% del empleo generado en nuestra capital es formal y se verá seriamente afectado por esta crisis.
Por las características señaladas es que, insisto, debemos plantear al gobierno nacional la necesidad de implementar un plan de choque especial para evitar el colapso total de nuestra economía. Las medidas del orden nacional serán útiles para muy pocas empresas aquí y el empleo que se protegerá será proporcionalmente mínimo, debido a la dimensión de las cifras de informalidad y desempleo. El gobernador y el alcalde, en coordinación con gremios y organizaciones sociales, están demorados en construir una propuesta de la region para ser presentada al gobierno central, en la que por ejemplo se debe contemplar seriamente la reapertura de la frontera, más allá de los líos políticos de siempre. Su reciente cierre ha sido nefasto para Cúcuta. Pónganse las pilas y todos debemos apoyarlos. Que no nos coja la noche, como dice el adagio popular.
