Con la expedición de la Ley 388 de 1997, hace casi 30 años, el país decidió que el suelo no podía seguir siendo únicamente el soporte pasivo de procesos de urbanización que se desarrollan a la deriva. Desde entonces, los municipios deben diseñar sus instrumentos de ordenamiento territorial, instrumentos de gestión, mecanismos de financiación, normas urbanísticas y herramientas técnicas suficientes, al menos en el papel, para decidir qué ciudad quieren construir de acuerdo con su geografía, atributos naturales, riesgos y forma en que han evolucionado. Tres décadas después, basta recorrer las ciudades para comprobar que entre el territorio imaginado y el construido hay una distancia que no han conseguido concretar ni la norma ni los planos. La esperanza de ordenar el territorio se quedó en documentos, cartografía y palabras.
Términos como “modelo de ocupación, estructura ecológica, espacio público, movilidad, vivienda, y sostenibilidad”. Palabras, palabras, palabras que pretendían convertir el futuro en una decisión colectiva. Pero muchas veces quedaron confinadas al lenguaje administrativo y la falta de institucionalidad, mientras la ciudad real siguió definiéndose con otras palabras: expansión informal, segregación, congestión y deterioro. El problema, no ha sido la ausencia de palabras, sino la persistente incapacidad para convertirlas en hechos.
El Ordenamiento Territorial no consiste solo en delimitar suelos de expansión, o establecer tratamientos urbanísticos, índices de construcción y ocupación. Ordenar el territorio, implica decidir dónde no urbanizar, qué proteger, dónde concentrar el crecimiento de manera acorde con la condición geológica, cómo distribuir las cargas y los beneficios, quién paga por la infraestructura y sobre todo qué territorio se quiere construir a largo plazo y para quiénes. La Ley 388 de 1997 puso a disposición de los municipios la “caja de herramientas” para poder materializar mejores entornos urbanos desde la responsabilidad y la prevalencia del interés colectivo. Pero lo que no pudo garantizar era la voluntad política, la capacidad institucional ni la continuidad necesarias para utilizarlas.
Hoy, al revisar la mayoría de POT, PBOT y EOT con que cuentan los municipios del país y sus sucesivas modificaciones, las mejores palabras para definir sus objetivos no es ordenamiento sino desencuentro entre la visión y la gestión y soslayo de la visión de largo plazo y el periodo de gobierno, entre el plan y el mercado que no se regula solo, entre la norma y la capacidad de hacerla cumplir. Y también entre la ciudad que se desea y aquella que las decisiones cotidianas terminan produciendo.
Quizá ya no necesitamos más palabras, palabras, palabras para materializar la ciudad deseada. Las palabras y los discursos son las formas de hacer política en Colombia, sobre todo cuando se imprimen en Planes de Desarrollo o Planes de Ordenamiento, con la cándida creencia que “verba volant, scripta manent”. Porque el territorio, a diferencia de las palabras, tiene propietarios y ellos votos y capacidad de presión. El suelo es un activo económico cuyo valor aumenta o disminuye según las decisiones públicas que han hecho de la planeación un ejercicio de promesas sobre la ciudad del futuro que está a punto de llegar, pero que nunca coincide con la ciudad que se construye.
Y entonces seguimos teniendo palabras, palabras, palabras: ciudades sostenibles en los documentos y ciudades posibles en los discursos. Mientras tanto, el territorio y sus habitantes continuarán obedeciendo a quienes sí saben convertir las decisiones en realidad.
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