Desde el pasado 7 de agosto, fecha en que se posesionó el nuevo presidente de la República, los colombianos hemos visto con asombro la celeridad con que la coalición gubernamental y el gobierno nacional mismo quieren tramitar la agenda legislativa con proyectos destacados.
Digo destacados porque son proyectos que afectan al ciudadano en su diario vivir. Porque hay otros, como las leyes aprobatorias de tratados públicos, donde es válido preguntarnos, ¿qué le importa al ciudadano común y corriente si el Congreso de la República tramita el proyecto de ley que le permitiría a Colombia la ratificación del tratado ambiental o Acuerdo de Escazú?
Lo que se advierte fácilmente es el empeño de las fuerzas políticas afines al gobierno en presentar todos esos proyectos simultáneamente y la pretensión de aprobarlos a pupitrazo, antes del 16 de diciembre, cuando termina la legislatura. Es apenas lógico que el presidente de la República y sus alegres muchachos quieran convertir en preceptos legales las ideas políticas que por tanto tiempo han pregonado, pero hay que tener cuidado en que no se haga en forma atropellada, tal es el caso de las reformas política y electoral, que contiene temas sensibles que, recuerdo muy bien, en la recta final de la vigencia de la Constitución de 1886 se clamaba porque se eliminaran algunas prerrogativas de los congresistas.
Por ejemplo, volver a permitir que los congresistas puedan ser nombrados ministros del despacho, que efectivamente eliminó la Carta de 1991, y que, de darse ahora, como pretenden hacerlo los parlamentarios que añoran tiempos idos, deslegitimaría toda aspiración a una curul en el Senado de la República, que ya no sería un fin sino un medio. O las dos cosas.
Además de las reformas política y electoral está la tributaria y las de salud y pensiones, entre las de envergadura por lo que representan y que ponen a temblar a los ciudadanos de todas las condiciones sociales y económicas. Pero son muchas más. Ese paquete contiene proyectos de acto legislativo para reducir la edad de los candidatos a Senado y Cámara de Representantes y aumentar el periodo del presidente de la República a cinco años. Además de extender a cinco años el periodo presidencial pretenden extender el de los congresistas, alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, aunque el llamativo es el del primer magistrado de la Nación. Respecto al voto, es cierto que la Carta habilita la implantación del voto electrónico, pero donde ha sido implantado están de vuelta por su vulnerabilidad.
También se pretende aprobar el reprochable transfuguismo, mecanismo mediante el cual los congresistas pueden cambiarse de fuerza política como parte de una estrategia para conseguir un objetivo mayor. Todos estos temas de reforma política y del código electoral apuntan a desmantelar partidos y movimientos políticos para engrosar las huestes de la coalición política que hoy ejerce el gobierno, que es el objetivo mayor. El presidente de la República ha prometido cumplir su periodo presidencial y entregarlo a quien el constituyente primario elija, haciendo creer que ahí termina todo. Nada más alejado de la realidad. Este paquete legislativo apunta a crear las condiciones para prolongar en el tiempo un ideal político, con o sin el portaestandarte actual.
