Hace muchos años, demasiados, cuando me iniciaba en el periodismo, recibí orden para un novato: debía entrar en asamblea estudiantil, en la Universidad Nacional, para  informar al periódico sobre las peticiones de los jóvenes. 

Que resultaron ser casi las mismas que los muchachos hicieron días pasados durante el paro nacional que, otra vez, incluyó desmanes, violencia y ataques a la fuerza pública. 

Había, si, una pequeña diferencia: los estudiantes solicitaban reformas en la cafetería, que luego fue atacada y destruida por los vándalos, que nunca han faltado en las demostraciones de los estudiantes, terror de los habitantes de los barrios vecinos a las universidades públicas, convertidas en polvorines y campos de batalla por los militantes de los grupos de izquierda, que las utilizan para probar la fidelidad de los primíparos y su posible afiliación a los grupos subversivos,

Me tocó salir rápidamente cuando pensaron que yo era detective infiltrado y no inexperto periodista. 

Pero me enteré de las peticiones, que fueron repetidas hace pocos días: educación gratuita y de calidad, que también deseo para las nuevas generaciones, que deben cancelar inmensas sumas para recibir cartón que los habilita, en muchos casos, para ingresar al desempleo. 

Leyendo las peticiones del paro encontré que la situación sigue igual: la educación no es gratuita, la calidad no es la mejor y muy pocos, entre ellos yo, pueden acceder a las universidades, algunas de las cuales son tan costosas que un padre de clase media no puede matricular a sus hijos. 

La culpa la tiene el Estado: el ministerio de educación, desde siempre, no ha estado en manos de pedagogos sino de políticos en trance de ascenso, que saben de educación lo que yo sé de astronomía: nada. Lo primero que debe hacer el presidente de turno es colocar a un experto en el tema para que las universidades públicas dejen de ser caldo de cultivo para la subversión.

Si se quiere el progreso nacional, lo primero es reformar la educación, que es prioridad en los países desarrollados y en los socialistas, que tienen programas para los mejores estudiantes y estímulos para los jóvenes que se destacan. 

El gobierno Santos hizo algo al respecto pero faltó mayor impulso y no se ha vuelto a hablar del tema. 

La administración Duque-Uribe debería revisar los programas, incluyendo la desprestigiada “economía naranja”, para meterle todo el acelerador a la educación, si es que se quiere que Colombia salga del subdesarrollo y la juventud deje de echar piedra y se dedique a estudiar. La prioridad debe ser la educación y no dedicarse a tratar de tumbar a Maduro, que se caerá el día que quieran los militares.  GPT