Colombia figura entre los países que acumulan sucesivas frustraciones referidas a políticas públicas aplicadas a los problemas que pesan sobre la existencia de su población. O sea, las soluciones esperadas no se dan y se agravan las necesidades. En esas condiciones el atraso se profundiza y las respuestas oficiales a tantos desequilibrios, crisis, carencias, desatinos, abusos, desigualdades, violencias, exclusiones, ultrajes, engaños, omisiones, no resultan acertadas. 

Porque, además, todos esos factores dan la nefasta suma de la corrupción, en un Estado fallido, desprovisto de autoridad, aunque la propaganda oficial diga lo contrario, con pretensiones demagógicas. 

La existencia de los colombianos está atada a graves problemas, siempre prolongados. Son brechas que no se acortan. La violencia recurrente, la propiedad inequitativa de la tierra, la pobreza en diferentes niveles, como resultado de un abusivo manejo de las relaciones laborales y de la distribución de la riqueza, la distorsión de los derechos, que es caldo de cultivo de la sociedad de clases y por consiguiente de la desigualdad, son determinantes de los males de todos los días. Y se afectan, el trabajo, la salud, la educación, la seguridad, el medio ambiente, en general, la existencia de todos.

No obstante el reconocimiento de los problemas, las “soluciones” aplicadas se quedan cortas. Son paliativos que no tienen capacidad curativa. Es el asistencialismo con paños de agua tibia para males de profundidad. A las violencias no se les da un tratamiento a la medida de su gravedad. Entonces los factores que las alimentan siguen predominando. No hay voluntad de acierto sino proclividad al engaño. Y lo confirma el manejo dado a la implementación del acuerdo de paz firmado con las Farc. Adicionalmente están los crímenes contra los líderes sociales, el asesinato de excombatientes y las masacres sucesivas en varios departamentos.

La corrupción no se ataca como debiera ser. Hay permisividad para los actos reconocidos y complicidad con los actores. Los órganos de control omiten lo que les corresponde hacer y la justicia es nula.

La conclusión es la de que hay un Estado fallido en la nación, incapaz de aplicar la Constitución. Lo cual permite la agudización de la desprotección colectiva y el aprovechamiento de quienes redujeron el poder a la medida de sus ambiciones y sus intereses sin importarles los apremios de la comunidad de la nación.

Es tal el divorcio entre los que tienen el manejo del poder y la población que habita el territorio colombiano, que esos mandamases siempre tienen una interpretación equivocada de la realidad y de sus deberes. La justificación del ministro de Defensa a la muerte de menores en el bombardeo de las Fuerzas Militares a un campamento guerrillero en Guaviare, confirma la estupidez oficial en la interpretación de la crucial realidad.

Puntada

Cantar victoria sobre la COVID-19 por un millón de vacunados es una muestra de ligereza frente a lo que se debe hacer para conjurar la pandemia.