En nuestra sociedad, profundamente afectada por el conflicto armado, en la que se han legitimado diversas formas de violencia, combatir situaciones como el acoso escolar es un reto determinante para contribuir con el desarrollo de vidas dignas.
Según los datos que recopilamos a diario en el Sistema Unificado de Información de Convivencia Escolar, a marzo de 2023 se han reportado 2.345 casos de acoso o ciberacoso, asunto prioritario en las acciones intersectoriales que estamos coordinando con las entidades que conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar.
De acuerdo con el informe del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE 2018, Colombia es el segundo país, entre los latinoamericanos miembros y aliados, con mayor exposición al bullying después de República Dominicana, y estamos por encima de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Panamá, Perú y Uruguay. En dicha comparación se encontró que 32% de los estudiantes colombianos reportaron en la prueba haber sufrido algún tipo de acoso en su colegio, comparado con el promedio de la OCDE que es del 22%.
Cada denuncia de acoso escolar activa una alerta y nos obliga a fortalecer las medidas para garantizar que los entornos y espacios educativos en donde crecen nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sean seguros, protectores y libres de cualquier tipo de violencia, y donde la justicia escolar restaurativa y el diálogo prevalezcan en el trámite de los conflictos.
Esto hace parte de la educación CRESE (Ciudadana, para la Reconciliación, Socioemocional, Antirracista y Ambiental), una estrategia nacional que busca enfrentar y resolver de manera integral éste y otros fenómenos de exclusión, discriminación y violencia. No es el castigo lo que debe primar en ese enfoque, sino comprender el valor de la verdad, de la sensibilidad humana, de reparar a quienes han sido afectados, de generar el compromiso de aprender y no repetir.
Por ello, hace tres semanas terminamos las primeras reuniones con el ICBF, los ministerios de Salud y Protección Social, TIC, Cultura y Justicia, con la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, ASCUN, la Asociación Nacional de Facultades de Educación y la Asociación Nacional de Escuelas Normales Superiores, para estructurar el Plan Nacional de Convivencia Escolar que debemos entregar en el mes de mayo a la Comisión Accidental de Seguimiento a la Implementación de la Ley 1620 de 2013.
Todas las instituciones de educación, públicas y privadas, los actores de la comunidad educativa, así como las entidades que trabajan para proteger y garantizar los derechos de cada niña, niño y adolescente, deben articular acciones y tomar decisiones informadas sobre cómo prevenir las violencias en los entornos escolares.
El Ministerio de Educación Nacional seguirá en contacto con las Secretarías de Educación para asegurar la activación de los protocolos para los casos de acoso escolar. Debemos lograr que las personas afectadas por estas situaciones reciban apoyo psicosocial y que los establecimientos educativos actúen tal como la ley lo establece.
Lograr que seamos más empáticos, que resolvamos pacíficamente los conflictos, que no discriminemos ni violentemos a ninguna persona, requiere transformaciones sociales y culturales profundas que toman tiempo y que implican que la familia, la sociedad y el Estado trabajemos en coordinación permanente.
Por: Aurora Vergara - MinEducación
