El 20 de octubre, el Congreso votó el presupuesto de 2027. Pero el Ministerio de Hacienda en la Cámara presentó un artículo 65 que fue aprobado por esa corporación, distinto al del Senado, y no se conciliaron las diferencias.

El error dañó la aprobación del presupuesto. Había mayorías y acuerdos con el Ejecutivo. En 2024 criticamos a Petro por sacar el presupuesto de 2025 por decreto. Que ocurra ahora no lo hace menos grave.

El Gobierno terminó expidiendo un decreto con el texto de primer debate, dejando por fuera las modificaciones aprobadas en las plenaria del Senado. Había una alternativa jurídica distinta al decreto: sancionar la ley sin la adición controvertida y defender ante la Corte Constitucional que el eventual vicio afectaba únicamente al artículo 65. El Gobierno ni siquiera ensayó ese camino.

Las consecuencias son graves. Entre otras, la salud perdió $3 billones adicionales, otros $3 billones para subsidios de electricidad y gas y $100.000 millones para subsidiar los créditos del Icetex. También recursos para la reconstrucción tras el terremoto y obras regionales.

Con todo, el problema fiscal es más profundo. Este presupuesto reconoce obligaciones que el proyecto de Petro no presupuestaba y elimina ingresos que dependían de una reforma tributaria inexistente. Sincera la realidad fiscal. Pero es 59,3 billones más alto y es absolutamente insostenible. Si no se hace nada, el déficit del Gobierno Nacional Central llegaría al 9,4% del PIB para 2027.

Se proyecta una deuda neta de 67,4% del PIB para 2027 y, sin medidas de ajuste, superaría en 2028 el límite de 71% que establece la regla fiscal, el mecanismo legal pensado para evitar que el Estado gaste más de lo que recibe. Ese límite busca contener una dinámica peligrosa: una deuda elevada aumenta el riesgo, encarece los nuevos préstamos y obliga a destinar más para pagar intereses. Más plata para pagar deuda y mucho menos para agua, justicia, salud, seguridad y vivienda.

Por eso planteamos con el Centro Democrático una proposición que exigía un plan de reducción del gasto primario equivalente a dos puntos del PIB. El Gobierno definiría los rubros. No era un capricho. El ministro Gómez había anunciado un recorte mayor: 2,2 puntos del PIB. El Ministerio de Hacienda se opuso vehementemente a la proposición.

Para facilitarle al gobierno el ajuste estructural, el Centro Democrático presentó el 16 de septiembre un proyecto de ley ofreciéndole al gobierno facultades extraordinarias para fusionar y suprimir entidades, reducir burocracia, disminuir estructuralmente el gasto de funcionamiento. Pero hasta ahora el Gobierno tampoco ha manifestado si quiere esas facultades. Sin esa solicitud, la propuesta no puede prosperar.

Para 2027, los intereses previstos absorberían cerca de uno de cada tres pesos de ingresos tributarios; hace 10 años era uno de cada seis pesos. Y el CARF calcula que el 90,7% del gasto del Gobierno sería inflexible. Cuando falta caja, la inversión paga los platos rotos: se aplazan obras, se debilita el crecimiento y se recauda menos.

Recortar de manera permanente el gasto prescindible ayuda a romper esa espiral y a encaminar la deuda hacia niveles más cercanos al 60% del PIB. La responsabilidad fiscal de hoy protege la inversión de mañana.

El Gobierno ha reconocido que debe recortar. El viernes, el vicepresidente dijo que serían 70 billones. Pero se opuso a una disminución de un presupuesto cuyo equilibrio depende de reformas que todavía no presenta. Los anuncios no pagan las cuentas. Como tampoco patear la deuda hacia adelante.

La ley "de rescate económico” debía acompañar el debate presupuestal. Hace falta saber qué gastos desaparecerán y cuándo empezará el ahorro. El gobierno debe radicar pronto el ajuste y recuperar las prioridades acordadas, financiándolas con recortes reales en funcionamiento.

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