Si bien es claro que el país necesita financiar su desarrollo y atender las necesidades sociales más urgentes, pretender tapar el hueco fiscal pidiéndoles más plata a los ciudadanos mediante nuevas reformas tributarias es un error y una profunda injusticia. Es insostenible, desincentiva la inversión, golpea el bolsillo de la clase media y, sobre todo, no resuelve una de las verdaderas causas del desbalance fiscal: la cultura del malgasto público.

Como bien lo explica el economista colombo-alemán Erick Behar en su obra Culturas del malgasto público: ineficiencia estatal y narrativas, el derroche en el Estado no es un simple accidente administrativo, sino un fenómeno cultural blindado por el discurso político. Nos han querido vender la idea moralista de que gastar más es sinónimo de sensibilidad social, mientras que exigir austeridad y eficiencia es un pecado neoliberal. Bajo esa narrativa de la "emergencia permanente" o la "deuda histórica", los gobernantes de turno justifican presupuestos inflados sin rendir cuentas sobre el impacto real de cada peso ejecutado.

El problema es insostenible porque se gobierna bajo la ilusión de que los recursos son infinitos y no provienen del esfuerzo diario de los contribuyentes. En el sector privado, quien gasta mal quiebra; en el Estado, el mandatario de turno pide más deuda mientras la entidad que derrocha exige más presupuesto el año siguiente bajo la excusa de que le falta plata para operar. Mientras a las familias y a los empresarios se les exige apretarse el cinturón y soportar una carga tributaria cada vez más asfixiante, la burocracia en todos los niveles sigue creciendo a ritmo acelerado, multiplicando contratos innecesarios y sosteniendo privilegios.

Más allá de la ilegalidad o el sobrecosto puntual en un contrato, el problema de fondo es que tanto la clase política como un sector de la sociedad han normalizado que acceder a un cargo público implica adquirir privilegios materiales financiados por los contribuyentes, desviando el foco de la verdadera función pública: resolver problemas ciudadanos al menor costo posible.

Basta ver el espectáculo cotidiano de las flotas interminables de camionetas de alta gama, esquemas suntuarios, viáticos injustificados, séquitos de asesores y gastos de propaganda oficial que se defienden bajo la excusa de la "seguridad" o la "dignidad del cargo". Esa desconexión entre el lujo del funcionario y la precariedad de los servicios que recibe el ciudadano de a pie es lo que destruye la confianza y la moral tributaria en Colombia.

Pretender recaudar más sin antes cortar de raíz el derroche es buscar el muerto río arriba. Una reforma estructural del gasto público que reduzca duplicidades, recorte burocracia improductiva y ponga fin a los lujos oficiales es un paso necesario antes de cualquier alza de impuestos.

Finalmente, vale la pena anotar que financiar la inversión pública, especialmente en infraestructura y seguridad, es algo necesario. Ojalá se pueda fortalecer ese propósito con los billones que hoy se esfuman en despilfarros, camionetas, propaganda y burocracia, y no castigando el esfuerzo de quienes trabajan y producen en este país.

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