En columnas previas abordé los problemas de planificación en las negociaciones y acercamientos de paz que adelanta el Gobierno con diferentes grupos armados. También mencioné cómo estos problemas de método, por llamarlos de alguna forma, afectan a las personas que lideran esa difícil labor. Hoy abordaré los problemas de seguridad surgidos mientras se habla de paz y sometimiento a la justicia con estos grupos armados.

Dos datos para contextualizar. Primero, en el ataque que dejó sin agua potable al municipio de Tarazá, en el marco del paro minero del bajo Cauca antioqueño, el presidente dijo que el Clan del golfo había roto el cese al fuego. Segundo, en la agenda acordada en México con el Eln no se pudo pactar un cese bilateral. Estos dos datos indican que es probable que en las próximas semanas haya un aumento de actos de violencia.

No obstante, en Norte de Santander se han presentado una serie de eventos violentos que, a pesar de no tener la misma magnitud del paro minero que obligó a decretar toque de queda en doce municipios de Antioquia, afectan a la población civil. Así lo ha expuesto la Defensoría del Pueblo en los últimos tres meses mediante sus informes de seguimiento 167 y 178, y en la alerta temprana 06.

En el municipio La Esperanza, el Clan del golfo ha persistido en prácticas de estigmatización hacia la población joven consumidora de marihuana. Estas amenazas se han materializado en intimidación, violencia directa y “sanciones ejemplarizantes”. Además, el control territorial les permite tener una capacidad logística sobre distintos municipios del Magdalena Medio. A finales de enero difundieron panfletos y vallas en varias poblaciones de esta región del país.

En San Calixto y El Tarra las comunidades mencionan que las acciones de las autoridades no repercuten en la mejora de la seguridad, pues continúan las amenazas contra líderes y funcionarios públicos. Todo esto agravado por situaciones de intimidación, violencia y secuestros que no se denuncian por evitar mayores riesgos. En la zona se presentan tensiones entre Eln, Epl y las disidencias del Frente 33.

En La Playa de Belén se han publicado panfletos en los que se realizan amenazas a la fuerza pública y a las mujeres con las que tienen algún tipo de relación. Recientemente declararon objetivo militar a toda persona que contradiga “las costumbres sanas del pueblo” y restringieron horarios de circulación en el casco urbano. En esta región tiene presencia las disidencias del Frente 33.

En la zona rural de Cúcuta (Palmarito, Guaramito, Aguaclara, San Faustino, Banco de Arena, Puerto Villamizar y Ricaurte) el riesgo persiste y se advierten afectaciones a la zona urbana de Cúcuta, Puerto Santander y Villa del Rosario. En esta zona las tensiones por expansión territorial se presentan entre Eln y Clan del golfo.

Estas observaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo en sus informes de seguimiento y alertas tempranas evidencian una ausencia de estrategia de seguridad mientras se llega a un acuerdo de cese bilateral con el Eln y problemas de verificación del cese al fuego con el Clan del golfo y otros grupos. Al no tener una estrategia clara de seguridad la población queda desprotegida y las negociaciones pierden credibilidad.

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