Hace unos meses conocimos la noticia del desmantelamiento de un establecimiento en Villanueva (Guajira) en el que mujeres de origen venezolano eran víctimas de explotación sexual. Fueron engañadas con falsas ofertas laborales y, posteriormente, obligadas a ofrecer servicios sexuales para pagar una deuda adquirida con los propietarios del establecimiento, aparentemente, por el trámite del Permiso Especial de Permanencia (PEP), alimentación y arriendo. Asimismo, las mujeres fueron maltratadas y obligadas a permanecer en condiciones de hacinamiento.
El aumento de víctimas de trata de origen venezolano ha sido constatado desde el 2015 por organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas. Aunque hay subregistro e inconsistencias en las cifras oficiales, la Defensoría del Pueblo denunció, en la Alerta Temprana 025 de 2020, la preocupante situación en varios municipios del sur de Bolívar a los cuales son trasladadas mujeres venezolanas captadas por redes criminales transnacionales en estados fronterizos como San Cristóbal y Ureña, bajo ofertas falsas de trabajo para labores agrícolas, tareas domésticas en fincas y barequeo en minas de oro. Igualmente, la Defensoría ha identificado situaciones similares en Cúcuta, Puerto Santander, Villa del Rosario y Tibú.
Por su parte, el Ministerio del Interior reportó en abril de 2021 que, después de Colombia, la mayoría de las víctimas de trata provienen de Venezuela y el número de casos de personas venezolanas ha aumentado de 2015 a 2020: de 2 casos en 2015 pasamos a 38 en 2020.
En Colombia persisten numerosas falencias en el sistema de asistencia y protección a las víctimas. Las autoridades condicionan la asistencia y protección a la denuncia penal o al avance de investigaciones penales, cuando esto no debería ser un requisito para acceder al sistema de protección, ya que muchas mujeres no pueden denunciar a la red de trata por el riesgo que conlleva para ellas y sus familias.
Un ejemplo, es el caso de Yolanda, una mujer venezolana víctima de trata que fue engañada, trasladada a Colombia y amenazada para ejercer la prostitución, tanto ella como sus hijas de 6 y 8 años. Cuando huyó y solicitó ayuda, la Fiscalía determinó que su caso no se correspondía al delito de trata de personas con fines de explotación sexual, sino de inducción a la prostitución. Como consecuencia, Yolanda no pudo activar la ruta integral de protección y asistencia a víctimas de trata y no ha tenido acceso a vivienda adecuada, a servicios de salud mental y física, empleo, ni a mínimas condiciones de sobrevivencia.
En Women’s Link Worldwide representamos legalmente a Yolanda, cuyo caso se encuentra en estudio de la Corte Constitucional. En 2020, la Corte dictó medidas provisionales urgentes y ordenó la activación inmediata de la ruta de protección para víctimas de trata de personas a favor de ella y su familia. Pese a la urgencia que la Corte identificó, las autoridades no han cumplido a cabalidad las órdenes del tribunal. Aunque es una obligación del Estado, Yolanda y su familia están desprotegidas.
En su decisión final, la Corte tiene la oportunidad de reconocer no solo la vulneración de sus derechos fundamentales y los de su familia, sino de avanzar en el fortalecimiento del precario sistema de protección y asistencia a víctimas de trata en Colombia. Entre otras medidas, a través de la creación de un protocolo de identificación adecuado y que no dependa de las autoridades judiciales o de la policía, y de la disposición de mayores recursos técnicos y financieros que aseguren el correcto funcionamiento de los comités nacionales y territoriales de lucha contra la trata de personas. La decisión puede sentar un necesario precedente que mejore la protección de las víctimas de trata.
