Con relación al caso sucedido en días pasados en Bogotá, en el que un médico dio de baja a tres malhechores que lo atacaron con el propósito de robarlo y, según algunas versiones, también para secuestrarlo, da pie para replantear la forma y los medios con los que se debe combatir la inseguridad que actualmente azota a la mayoría de las ciudades colombianas. 

El médico citado, amparado en el artículo 32 del código penal reaccionó frente al ataque del que fue víctima y de todo lo que le hubiera podido haber ocurrido si no se hubiera defendido legítimamente  (con ausencia de responsabilidad), al verse atacado a altas horas de la noche por tres sujetos armados   que intentaron atracarlo y secuestrarlo, en un lugar solitario y con el apoyo de un  ¨campanero¨; y con el gravante de que los atacantes resultaron con antecedentes judiciales y, además, se movilizaban en un vehículo que habían robado en diciembre pasado.

Que la investigación por parte de las autoridades respectivas se esté haciendo, está bien, pues es normal que se cumpla el trámite legal que determine la preclusión de las diligencias o en su defecto el inicio del proceso respectivo. 

Los hechos sucedidos nos invitan a reflexionar sobre la necesidad de que el gobierno nacional revoque la restricción que impuso desde hace varios años al permiso de porte de armas que entre otras cosas exige el cumplimiento de varios requisitos ante las autoridades militares y/o que  flexibilice las condiciones para la expedición del permiso especial, toda vez que cuando se adoptó esa restricción las circunstancias que vivía el país eran otras muy distintas y algunos grupos armados y ciertos particulares utilizaban sus armas (vaya uno a saber si con permiso de porte o no) para amedrentar y cometer las incontables ejecuciones que los colombianos conocemos perfectamente y que la historia registra. Ese aumento de los homicidios fue lo que motivó la suspensión del porte de armas por parte del gobierno nacional. 

Pero ahora son los delincuentes los que salen a “camellar” con la seguridad que les da el saber que TODAS las personas que están en la calle son víctimas fáciles de sus propósitos delincuenciales porque legalmente NINGUNA de ellas puede portar armas. Así las cosas, los delincuentes (a quienes no les afecta la restricción) encontraron en ésa decisión gubernamental un ¨mercado¨ muy interesante para sus empresas criminales pues ante la imposibilidad de la defensa, el resultado les está garantizado.

Mientras que el Estado no asegure la efectiva defensa de TODA la ciudadanía, no puede seguir manteniendo la restricción al permiso de porte de armas a los ciudadanos que han cumplido con todos los requisitos para obtener ése permiso, porque conseguir el permiso especial es casi imposible ya que  los comités evaluadores del Ministerio de Defensa que lo aprueban sólo lo otorgan a quienes han sido secuestrados o están seriamente amenazados; es decir, a aquellas personas que ya fueron víctimas. Y entonces, ahí sí como reza el viejo adagio: ¨después de ojo afuera no hay santa Lucía que valga¨.

Ah, y para el permiso especial, además, se debe acreditar el no tener ninguna contravención policial  ni  antecedentes judiciales, para acceder al honroso 0.014% que corresponde a 6.827 permisos especiales autorizados, en una población total de 48 millones de habitantes. 

El permiso para el porte, no es una licencia para matar, tiene las restricciones y la penalización que el código determina en caso de uso indebido.

La bancada del Centro Democrático y una parte del conservatismo en el Congreso le pidieron al gobierno la flexibilización del decreto sobre permisos especiales. Esperamos que se proceda con sensatez.