En esta dura e inédita crisis global que afecta al mundo entero, la única salida al triste dilema entre “ ¡No salgas si quieres vivir! y ¿De qué vivo sino salgo? es la intervención oportuna y masiva del estado. Al igual que hicieron Estados Unidos y Europa al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se requiere que los estados se aparten, al menos temporalmente, de los manuales de la ortodoxia económica, de los análisis de las firmas calificadoras de riesgo, y tomen decisiones únicas e impensables, porque vivimos una época excepcional e inimaginable. El daño ya producido a la economía mundial es incalculable y sólo los estados tienen el músculo suficiente para inyectar los recursos necesarios para evitar que la economía colapse, y pasemos de la pandemia sanitaria del COVID-19 a la pandemia social del hambre y la pobreza, que incluso puede costar más vidas humanas.
Es el tiempo de Keynes nuevamente. El estado tendrá que hacer un monumental esfuerzo para proteger el empleo y el ingreso de los trabajadores, los formales e informales. Los de las grandes empresas y también los de las medianas y pequeñas empresas. Los independientes y quienes ejercen los profesiones liberales. Colombia no es la excepción. Nuestra situación es más complicada aún, en la medida en que el endeudamiento oficial es muy alto actualmente y que la crisis de ingresos fiscales por cuenta de la descolgada del precio del petróleo será tan grave o más que la del 2015.
Ya en Estados Unidos, Alemania, España y la Unión Europea, se anuncian billonarios planes de financiamiento sin precedentes, para evitar el derrumbe total de la economía. Aquí debemos ser mucho más audaces de lo que hasta el momento se ha anunciado. Afortunadamente en los últimos días parece que finalmente el gobierno lo ha entendido y el Ministro Carrasquilla ya advirtió que tendrá que aumentar significativamente el endeudamiento del país. Inicialmente se creyó, con una visión ingenua, optimista o tacaña, que sólo con 15 billones de pesos se lograría aliviar la crisis. Se requiere al menos entre el 5 y el 7% del PIB, es decir, mínimo 50 billones de pesos, y por ende, acudir a créditos de la banca multilateral o, como algunos expertos han insistido con razón, un crédito del Banco de la República al gobierno nacional.
Y para enfrentar la crisis se requiere no sólo conseguir la plata que sea necesaria sino invertirla bien, donde toca, con transparencia y eficiencia. El gobierno nacional hizo bien al dedicar la primera oleada de recursos a proteger a la población más pobre del país, a quienes hoy ya se encuentran protegidos por el sistema de subsidios. El anticipo del giro de esos recursos y el aumento en algunos casos era prioritario y urgente, una tarea valiosa que evitará que estas poblaciones vulnerables sufran más. Pero se requiere inyectar más recursos a esos 8 millones de colombianos que reciben los subsidios y debemos encontrar la forma de llegar rápidamente al resto, trabajadores informales e independientes que lamentablemente hoy son más de la mitad de la población. Hasta el momento poco se hace en este frente que es crucial, más aún si se prolonga la cuarentena como parece que sucederá.
No tenemos hoy instrumentos suficientes para identificar esa inmensa cantidad de colombianos, pero se debe intentar con rapidez a través de mecanismos técnicos preexistentes como el Registro Único de víctimas o el Sisben III y IV. Y tenemos que pensar igualmente en garantizar que las empresas preserven el empleo formal, que lamentablemente ya se está perdiendo. Un contundente programa de financiación con todas las facilidades a las empresas e incluso asumir parte del costo de la nómina, es urgente para que no se sigan perdiendo estos empleos.
En el plano regional esta crisis no podría haber llegado en peor momento al Norte de Santander. Las consecuencias en términos de desempleo, desigualdad, pobreza e inseguridad, serán catastróficas si el gobierno nacional no entiende que requerimos medidas urgentes y súper excepcionales.
El panorama es francamente desalentador con un recrudecimiento de la violencia en el Catatumbo, tensiones crecientes con Venezuela, desempleo superior al 18% e informalidad de más del 70%, deterioro de la calidad del aire en Cúcuta y su área metropolitana y continuo flujo migratorio en la frontera.
Es momento para que sin consideraciones políticas, el gobernador y el alcalde lideren un frente común, amplio y ciudadano, para presentar en Bogotá un plan de acción urgente que evite el colapso de nuestro departamento. Solidaridad, humanidad y unión deben ser los conceptos que nos guíen en esta tremenda crisis, que más parece la llegada del Apocalipsis.
