El mes de agosto cierra con dos decisiones del Ministerio de Medio Ambiente que ponen otra vez sobre la mesa el debate entre minería y protección del medio ambiente a partir del caso más agudo y más problemático que al respecto conoce Colombia: el Páramo de Santurbán.

El gobierno del presidente Petro tuvo que esperar hasta el último día -el 6 de agosto- para resolver atropelladamente y en medio de su característico desorden,lo que debió ser una decisión tomada con pulso muy firme y sustentación a prueba de todo. Ese día, mediante la Resolución 0994 del Ministerio del Medio Ambiente, se declaró una zona de reserva sobre 1.500 hectáreas que corresponden aproximadamente al título minero de Aris Mining, la empresa multinacional que proyecta la gran explotación de oro en unas tierras que si bien están fuera de la línea que provisionalmente delimita el Páramo de Santurbán, causaría un daño enorme sobre ese mismo ecosistema debido a su adyacencia y a la interconexión sus aguas subterráneas, las mismasde las que nacen los ríos que abastecen de agua a Bucaramanga.

Los vacíos de la mencionada resolución del gobierno pasado, expedida a última hora después de cuatro años de desbarajuste, cosa que no pueden perdonarse tratándose de un asunto de semejante calado que toca intereses tan poderosos, y que ha debido ser un hito definitivo en la voluntad de anteponer el interés social por proteger el páramo y el agua anteel interés económico de beneficiarse con regalías del oro, hicieron muy fácil su derogatoria mediante otra resolución (1037) expedida el día 13 del mismo mes por el ministro recién posesionado.

Hoy por consiguiente, está el camino despejado para iniciar un proyecto que sentará un precedente terrible ante el cual la ciudadanía santandereana anuncia movilizaciones que seguramente no le harán ni cosquillas a la decisión ya tomada de sacar oro “a lo que dé”, y deja a quienes sentimos especial sensibilidad por el tema del páramo y el agua, viviendo la sensación frustrante de estar solos y detestando lo pasado y lo presente.

Pero no queda más remedio que seguir adelante y reiterar el llamado a las débiles instancias de representación civil de este departamento, por cierto, muchas veces más débiles que las santandereanas, a que tomen muy en serio lo que pasa en Bucaramanga, porque en breve el escenario nuestro será igual. Así como en Vetas y California hay minería informal del oro, aquí también la tenemos.

Si todo sigue el curso que ya podemos imaginar en Santander, no tardará en explorarse el lado nortesantandereano del páramo, al menos dos veces más grande, para proyectar a largo plazo explotaciones mineras con costos ambientales que superan con creces las regalías que puedan percibir el departamento y los municipios afectados.

Durante algunos años, el muro de contención de los movimientos ambientalistas de Santander evitó las inversiones exploratorias en Norte de Santander y concentró la discusión en las delimitaciones de regiones como Vetas y California. Hoy ese muro parece estar a punto de romperse.

Hoy la esperanza de los que vivimos al norte del Páramo es que la firmeza del Comité de Defensa del Páramo de Santurbán, que tiene sede en Bucaramanga y ha contado con el respaldo de actores regionales muy importantes, siga evitando la posibilidadde la megaminería del oro.

También esperamos que el país, al menos en un tema tan sensible como este, recobre la cordura y valore con más responsabilidad las externalidades negativas de proyectos de megaminería con arsénico y mercurio donde nace el agua de nuestros ríos. Ojalá que así sea, pero entre tanto, debemos aprender de la experiencia de Bucaramanga y comenzar a asumir el problema con la determinación que exige.

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