El pasado 31 de enero venció el plazo para que los vehículos de matrícula extranjera ingresen al país, atendiendo los requerimientos pactados por las diferentes autoridades de ambos países.

Dichos requisitos contemplan el porte del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y el Certificado de Revisión Técnico Mecánica y de emisión de gases. En resumen, cada propietario debió hacer una inversión de un millón de pesos aproximadamente, para evitar las sanciones previstas en la ley. Adicionalmente el documento de identidad y la Licencia de Conducción expedida en el país hermano. 

Aunque la intención es buena, es muy probable que las grúas no den abasto para inmovilizar cientos de vehículos que por desconocimiento o por falta de recursos, no pudieron obtener los documentos antes citados, toda vez que la no tenencia de uno de estos requisitos, origina la inmovilización del automotor y ahí es donde empieza la feria del vehículo con matrícula extranjera, porque cada conductor expondrá cien mil razones o más para que no le apliquen la norma.

El asunto es que en todas las etapas de la adopción de nuevos procesos, se presentan muchas injusticias dado que las personas que realizan la parte operativa de la movilidad, se hacen los miopes para aplicar la ley a cientos de vehículos que transitan sin placas o con solo una de ellas, no poseen los documentos de ley y muchos de ellos derivan su sustento en la informalidad.

Lo cierto es que absolutamente nadie conoce a ciencia cierta, cuántos automotores de placa extranjera no solo transitan en la ciudad sino que sus propietarios viven en el Área Metropolitana de Cúcuta y de ahí que no es entendible el por qué se quiere hacer un día sin carro ni moto, dado que una de las cifras más importantes a informar es cuántos vehículos dejarían de transitar.

Por otra parte, no es un secreto que nuestros vecinos adolecen de concesionarios que suministren repuestos originales o genéricos, para una vez reparados, presentar sus automóviles ante los Centros de Diagnóstico, por cuanto la probabilidad de no pasar las pruebas es muy alta y el plazo para su nueva presentación es de quince días en concordancia con la Resolución 0511 de 2011 proferida por el Ministerio de Transporte.

Así las cosas, pensaría que el plazo de flexibilización fue muy corto, así hubiesen pasado por alto varias normas y tan solo servirá para que un grupo de inescrupulosos servidores públicos, con funciones de autoridad de tránsito se aprovechen de la situación de vulnerabilidad de muchas personas que con sacrificio tratarán de mejorar las condiciones de su vehículo para poder realizar sus acostumbradas compras.

Concluyo que los responsables del manejo de la movilidad en cada municipio deben activar un plan de contingencia para enfrentar a los funcionarios cuyas acostumbradas prácticas, dejan malestar en los visitantes y pésima imagen de nuestra ciudad. En cuanto al plazo de flexibilización documental, debe realizarse una mesa de trabajo binacional para presentar resultados y evaluar las medidas a tomar, en el entendido que la colaboración debe ser una de las principales consignas porque de lo contrario, se prende la feria de la irregularidad.

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