La Carta Política nuestra  consagra los derechos constitucionales fundamentales y uno de ellos, con prelación después del derecho a  la vida es el de la educación, amparado en el artículo 43 de nuestra Constitución que consagra los derechos fundamentales de los niños. 

Ese artículo prevé la salud y la seguridad social, íntimamente ligados con la educación. 

La pandemia generó crisis social, económica, en la cual algunos dirigentes aprovecharon para enriquecerse escudados en presuntas ayudas a los más necesitados, sin conocerse sanciones severas en estos casos, en detrimento de la clase social más desfavorecida, perdiendo muchas personas sus empleos cerrando los negocios comerciales, lo que afectó a los niños, que no solo se vieron rodeados del temor por el Coronavirus, con lo que se vieron imposibilitados de continuar el proceso educativo en este año lectivo. 

No poder acceder a la matrícula, les cercena de un tajo tan importante derecho, como es el de educarse, punto fundamental para poder culminar sus estudios en un futuro, laborar y mejorar sus condiciones de vida para el futuro. 

Preocupante situación se viven en Cúcuta, que conllevó por la crisis al retiro de muchos niños en educación escolar, por la pérdida del empleo de sus padres, sin encontrar solución a ella. 

No solo se afectan los niños, también los planteles educativos, se reduce el número de profesores, se perjudican los cafeterías de esas instituciones, se perjudicó el transporte de los educandos, afortunadamente están asistiendo algunos,  otros listos a retornar después de semana santa. Se reduce personal, la crisis social, perdiendo los niños la importancia de socializar, compartir y estrechar lazos de amistad con sus compañeros de clases, aspecto tan importante en el desarrollo emocional de los niños con la oportunidad de realizar actividades físicas, retomar la normalidad y jugar con los otros niños. 

5.084 alumnos dejaron de estudiar, deserción no solucionada por la Alcaldía, esto conllevó al cierre de algunos colegios, pasaron algunos a instituciones oficiales, continuando con sus clases, perdiendo eso sí, sus compañeros de estudio, con los cuales había compartido varios años. 

Este panorama preocupante debe encontrar inmediata solución por el municipio, al verse afectados tan alto número de niños, con lo cual, reitero, se vulneran sus derechos constitucionales fundamentales. 

Así como se ha podido ayudar económicamente a los estudiantes universitarios carentes de recurso, con mayor razón debe el municipio buscar los mecanismos para solucionar este álgido tema, recordemos que el Estado debe garantizar la enseñanza, el aprendizaje y lógicamente lo atinente a este servicio público que es prestado también por particulares.

Y el artículo 2 de la Carta Magna, dispone que le compete al Estado garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución, en aras de garantizar un orden justo, así como le corresponde a las autoridades de la República asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares  siendo norma de normas como lo establece el artículo mencionado.