La seguridad ciudadana es un pilar fundamental en las sociedades modernas, trascendiendo la mera lucha contra la criminalidad para abarcar la calidad de vida de las personas, la prevención comunitaria del delito, el acceso a una justicia eficaz y una educación centrada en valores, el respeto a la ley y la tolerancia, tal como lo señala el PNUD en 2011.
Este concepto amplio se enfrenta a desafíos particulares en el área metropolitana de Cúcuta, agudizados por su compleja dinámica fronteriza. La creciente tasa de homicidios y la debilitada percepción de seguridad por parte de la ciudadanía erosionan la confianza pública y amenazan los cimientos de la democracia, además de tener un impacto negativo en el clima de inversión empresarial debido a la percepción de inseguridad.
Ante este panorama, se plantea un desafío significativo para las políticas públicas en materia de seguridad y convivencia ciudadana, que demanda no solo recursos económicos y humanos, sino también voluntad política, conocimiento, y especialmente, una coordinación y cooperación eficaces. Esto implica superar formalismos para concretar acciones que consideren las interdependencias entre municipios y las dinámicas sociales, culturales, políticas, económicas y ambientales, trascendiendo los límites político-administrativos para la provisión eficiente de bienes y servicios públicos.
La construcción de una agenda común entre los actores involucrados se convierte en un imperativo, especialmente en temas de seguridad y convivencia ciudadana. Esto requiere que los Planes de Desarrollo Territorial y los Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana de los municipios del área metropolitana se complementen y también se promueva la cooperación bilateral entre gobiernos (Colombia y Venezuela) para fortalecer la seguridad.
Para el diseño de futuras políticas y estrategias, es crucial considerar las recomendaciones del documento "¿Cómo prevenir el delito? Estrategias efectivas de convivencia y seguridad ciudadana" desarrollado por el CESED de la Universidad de los Andes y el DNP. Este enfatiza la necesidad de priorizar acciones debido a la escasez de recursos, diversificar las estrategias de desarrollo social y comunitario, implementar políticas basadas en evidencia, realizar seguimientos y evaluaciones de impacto, y promover la transparencia y comunicación con la ciudadanía. Además, destaca la importancia de enfocarse en la prevención del crimen desde una perspectiva integral, atendiendo a las causas estructurales y promoviendo la articulación y cooperación entre instituciones.
Los factores de riesgo asociados a la delincuencia son variados, abarcando dimensiones sociales, comunitarias, familiares e individuales, y están influenciados por la calidad de las instituciones y por circunstancias que pueden facilitar la comisión de delitos. Asimismo, la prevención del comportamiento delictivo se centra en la modificación de conductas, subrayando la importancia de los factores psicológicos y el apoyo comunitario. Se emplean estrategias dirigidas a determinados lugares para alterar la percepción de los delincuentes sobre los riesgos y costos asociados a sus acciones, incluyendo el desarrollo urbano, mejoras en el espacio público y la intervención en áreas críticas. Además, se enfatizan las tácticas orientadas a mitigar comportamientos de riesgo, el control de armas, la disuasión focalizada —que busca desalentar a reincidentes y grupos delincuenciales de cometer delitos específicos—, y el control del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.
Finalmente, es imprescindible fomentar la confianza entre la ciudadanía y las instituciones de seguridad, creando entornos de comunicación que refuercen el tejido social y mejoren la efectividad institucional. Estos procesos, de naturaleza a largo plazo, requieren transformaciones culturales y el compromiso activo del Estado. Una gestión territorial efectiva en materia de seguridad y convivencia no solo demanda una mayor participación ciudadana, sino también una sociedad que valora y exige seguridad, convivencia, confianza y legitimidad en sus instituciones.
