El proyecto de Ley de Rescate no ataca las tres causas del hueco fiscal: un Estado que gasta más de lo que recibe, un mercado laboral en el que más de la mitad de los trabajadores es informal y una economía que crece muy poco. Es hora de pasar a las soluciones, con una condición: el ajuste no puede caer sobre la clase media ni sobre los más pobres.

La pregunta es quién paga el ajuste. La respuesta: debe ser el Estado. Ese es el primer frente. El Gobierno ha pedido facultades extraordinarias en su  proyecto de ley. Que las tenga, pero con una meta de ahorro del 2% del PIB establecida en la ley y con una garantía de protección laboral enfocada en las madres cabeza de familia, en quienes están por pensionarse y en las personas con discapacidad, como lo propuso la bancada del Centro Democrático. Hay que recortar la burocracia, no a los más vulnerables. El proyecto acierta al reducir a la mitad el gasto en contratistas y en un 20% la nómina estatal, pero ese ahorro debe quedar sujeto a metas verificables.

Hace bien el Minhacienda en proponer la venta de bienes de la SAE. Pero hay que ir más lejos y vender los activos que no son estratégicos, como el porcentaje de Ecopetrol que permite la ley, la parte de ISA que el Centro Democrático propuso enajenar y dejar solo una fiduciaria, para destinar cada peso a prepagar la deuda. El menor pago de intereses liberaría cerca de $3,8 billones al año.

Se objetará que cada venta ocurre una sola vez. Es cierto, pero el dinero recibido iría a prepagar capital de la deuda y el ahorro en intereses se repite cada año. Una solución estructural preferible a gravar con IVA la canasta familiar.

Segundo, el empleo formal. El 54,5% de los ocupados es informal y no cotiza a salud ni a pensiones. Sin formalización no hay recaudo que alcance. La primera medida es no hacer daño: conservar la exoneración de aportes al SENA, al ICBF y a salud hasta diez salarios mínimos que redujo la informalidad en 5,3 puntos. Limitarla a dos, como propone el Gobierno, es encarecer el empleo que queremos crear.

La segunda es un salario mínimo responsable. Otro aumento como el de 2026, muy por encima de la productividad, sería letal. El de 2027 debe atarse a la inflación más la productividad, porque cada punto que el salario sube por encima de la productividad se paga con despidos, con informalidad o con quiebras, sobre todo de las microempresas. A las micro y pequeñas empresas, las más expuestas, hay que protegerlas ampliando el Régimen Simple. No debemos olvidar nunca que la mejor política social es crear empleo formal. 

Tercero, el crecimiento, que también es una herramienta fiscal y es la otra cara de la moneda. A mayor crecimiento, más ingresos, más recaudo. El Banco de la República espera un crecimiento del 2,0% para 2026 y apenas del 1,7% para 2027. Con esas tasas, ningún ajuste alcanza y en dos años habrá otra reforma tributaria. No podemos olvidar que la verdadera magnitud del endeudamiento depende de cuánto crezca la economía.

Crecer exige atraer inversión. Hoy, la tarifa de renta de las empresas es del 35%, casi 11 puntos por encima del promedio de la OCDE, y el proyecto la baja al 31% en dos años. Acierta, pero no basta. Se debe llevar al 30% y compensar el costo eliminando beneficios tributarios, con una lista expresa en la ley para que la DIAN no la interprete a su arbitrio, y protegiendo a las cooperativas y a la vivienda de interés social. Insisto en que la salida es ampliar la base: menos excepciones y una tarifa más baja. A mediano plazo hay que pensar en tasas de 22 o 20%.

También hay que simplificar. El 4 por mil castiga a quien usa el sistema financiero y empuja al uso del efectivo y a la informalidad.

¿Alcanza todo esto? No de inmediato. Bajar impuestos cuesta recaudo en los primeros años. Por eso el orden importa: primero el recorte del Estado y la venta de activos, que liberan caja; luego el alivio tributario, que se financia con menos beneficios y más crecimiento. Lo que no puede pasar es que la caja se llene con el IVA de la canasta familiar o a las prepagadas, que el Centro Democrático pidió excluir.

Colombia no necesita rescatar al Estado a costa de los ciudadanos, en particular los más vulnerables y la clase media como plantea el Gobierno.

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