Los permanentes hechos de violencia en Cúcuta y el Departamento, como el asesinato del exsecretario de Gobierno, Miguel Castellanos y, en menos de 24 horas de ocurrido el atentado contra la policía en inmediaciones de la DIAN, no dan más espera para que el gobierno nacional, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, tome acciones contundentes no solo desde lo militar sino también desde lo político y diplomático.

Sobre Cúcuta y Norte de Santander, hace rato cabalgan los cuatro jinetes del Apocalipsis: dominación, de los grupos ilegales y la delincuencia; la guerra y la violencia que estos generan; el hambre, la pobreza; y, la muerte. Cada uno de ellos, se solaza en una tierra que parece no ser de nadie, como si fuera el lejano oeste de las películas de vaqueros, en donde la vida no tiene valor. Algunos dirán que es un mal nacional, pero lo de aquí, “es la tapa”.

Veamos brevemente nuestro contexto socioeconómico y político. Cúcuta es el municipio que más aporta al PIB departamental: $11.725 a $14.188 millones, el 55,6%. De lejos, le sigue Tibú, que apenas pisa la línea de los $1.000 millones. Por su parte, nuestro Departamento, ocupa el puesto número 14 entre los 32, más el Distrito Capital, con un aporte apenas del 1,6%, al PIB nacional ($1.852 billones).

El aporte de Cúcuta al PIB departamental, proviene especialmente de los sectores de servicios y comercio; le siguen la industria manufacturera. Entre estos, suman el 95% de la actividad económica de la Ciudad. Aunque mi voz es apenas la de un señor que escribe y habla sobre algunos temas de mi terruño, siempre he manifestado, cuando gobiernos, políticos y gremios llenan sus bocas hablando de traer grandes industrias, (por supuesto sería ideal), que se equivocan. Considero que aquí lo que debe existir es una política económica que promueva y fortalezca la economía de servicios. Y las cifras lo demuestran. Estamos fallando, incluso, en lo más elemental y que en otrora tiempos nos enorgullecía: la manera amable de atender a los clientes.

Pero, hoy, ese sector está en profunda crisis: somos la segunda ciudad con más informalidad, el 62,3%; han caído las ventas del comercio minorista, que aporta el 20% del valor agregado; las ventas en locales, han sufrido una baja estimada en un 87,5%; sobre un histórico de compradores de 60.000, una disminución del 85%, diarios; hoteles y gastronomía, han sufrido caídas del 42% y el 37%, respectivamente. Salir a cenar a algún restaurante de la Ciudad, se ha convertido, en una actividad de alto riesgo.

Al anterior panorama, se suma la inseguridad rampante que vivimos. ¿cuál es la radiografía del fenómeno? Contamos con el deshonroso número de más de 20 bandas criminales, asentadas en nuestro territorio: el Tren de Aragua; los AK47; las Autodefensas Unidas colombo venezolanas; el Clan del Golfo; Los Rastrojos; Los Turcos; Los Porras. Se calcula que, entre estos grupos juntos, pueden tener más de 3.500 hombres, armados hasta los dientes. Y, que, entre el Eln y las disidencias de las Farc, unos 2.300, en iguales condiciones.

Nuestra delincuencia, léase guerrillas, por ejemplo, son hoy una multinacional, al igual que otros grupos criminales. Informes, dicen que en Venezuela operan en 12 de sus 23 estados: Zulia; Táchira; Apure; Amazonas; Bolívar; Barinas; Guárico; Anzoátegui, en actividades de minería ilegal, trochas, refugio, pistas ilegales. ONG han certificado también presencia transitoria o permanente, en Trujillo; Lara; Falcón y portuguesa. La suma de población de estos 12 estados, llega al 51,77% de la población total de Venezuela.

Al presidente De la Espriella, le hemos escuchado propuestas y acciones generales contra los flagelos de extorsión, sicariato, tráfico de drogas, minería ilegal, entre otros. Pero, desafortunadamente, nada, sobre un tratamiento puntual en estos 421 kilómetros de los 2.219 que tenemos con Venezuela. Y, es que el tratamiento para la situación de Cúcuta y Norte de Santander, debe ser distinto al del resto de país.

Los nortesantandereanos sabemos de las profundas diferencias ideológicas que el señor presidente De la Espriella tiene con el gobierno de Venezuela. Nuestro pueblo fronterizo, ha padecido decisiones presidenciales como las tomadas en los gobiernos de los presidentes Uribe, Santos y Duque, que terminaron siendo “más papistas que el Papa”, pues, mientras ellos cerraban la frontera para protestar contra el régimen de Maduro, los gobiernos de Trump y Biden, mantenían relaciones comerciales, con Venezuela.

Hoy, cuando Estados Unidos manda en el vecino país; cuando las relaciones del presidente Abelardo y Trump, son inmejorables, considero, es la oportunidad para que Colombia proponga un Plan Cremallera, es decir, que se obligue a Venezuela a expulsar a los delincuentes que allí se esconden, echarlos hacia la frontera y que nuestro ejército y policía los esperen. De lo contrario, seguirá siendo nuestra frontera “el hueco” por donde huyen los delincuentes de todo pelambre, para evadir la justicia.

Adicionalmente, el gobierno debe estudiar medidas excepcionales para contrarrestar la ola de violencia en Cúcuta. Apelar al Estado de Conmoción Interior o al reforzamiento extraordinario de la fuerza pública con tropas, inteligencia, acciones judiciales que incluyan actuaciones contra los recursos económicos y financieros de las estructuras criminales, en fin. Nuestro Estado de Derecho cuenta con las herramientas para hacer frente a situaciones como la extorsión, el secuestro, el sicariato y todas las actividades delincuenciales que hoy tienen en jaque a nuestras instituciones y la ciudadanía.

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