Las medidas de salud pública contra la pandemia de la COVID-19 generaron efectos contractivos indeseados en la tasa de crecimiento de la economía colombiana de -15,7% y -9% durante el segundo y el tercer trimestre de 2020. 

En contexto, a partir de abril de 2020 los mercados laborales colombianos sufrieron cambios profundos expresados en el deterioro de los indicadores de ocupación y de desempleo.

Posteriormente con la reapertura de la economía colombiana, el empleo se recuperó de forma agregada. La informalidad laboral se convirtió en un escape y fuente de ingresos para muchas familias ante la caída del empleo formal. Este diagnóstico general es heterogéneo y muy desigual a escala de las ciudades y áreas metropolitanas.

Por ejemplo en 2020, la tasa de ocupación y de desempleo de las 23 ciudades-áreas alcanzaron valores de 49,9% y 18,6%, mientras que en Neiva, Ibagué, Cúcuta, Florencia y Popayán, sus tasas fueron superiores al 41% y al 23% respectivamente. 

En lo relativo a la informalidad laboral durante el trimestre octubre-diciembre de 2020, la tasa nacional fue de 49% y en ciudades-áreas como Cúcuta la tasa fue de 72,9% y en capitales del caribe colombiano como: Sincelejo 65,1%, Santa Marta 64,5%, Barranquilla, Valledupar, Montería y Riohacha fue superior al 59% y en Quibdó igual a 58,4%.

Estos resultados muestran dos hechos en los mercados de trabajo colombianos: tanto la informalidad laboral y el desempleo tienden a ser altos, persistentes y su comportamiento es heterogéneo y según los resultados en cada ciudad-área son extremadamente desiguales. 

En los boletines del DANE es frecuente ver que ciudades como Barranquilla presentan bajas tasas de desempleo, pero a costa de una ocupación con alta informalidad. 

Comparativamente, Neiva, Ibagué y Popayán que presentaron altas tasas de desempleo en 2020, en materia de informalidad laboral lograron tasas “intermedias” de 53,1%, 52,2% y 50,9% muy cercanas a la medida nacional. Por el contrario, en el extremo se encuentra Cúcuta y el Área Metropolitana quien presentó una combinación de alto desempleo con la mayor informalidad del país.

Esto lleva a cuestionar y a repensar las medidas de políticas implementadas, en especial las políticas de salud pública que deben ser complementarias a las políticas económicas; en tal sentido, se requiere de la actualización de los protocolos de bioseguridad con base en la evidencia disponible y con la mayor urgencia la aplicación de la vacuna en todo el territorio nacional. 

En cuanto a la política económica es necesario que contenga una perspectiva regional, un enfoque social diferenciador (donde la educación es clave) y orientarse al fomento empresarial, la generación de empleo, la inclusión productiva y la formalización. 

Otro asunto por considerar es que las medidas de política nacional no son suficientes, luego, en complemento y fruto del diálogo entre los gobiernos territoriales, el sector privado y las universidades pueden surgir propuestas específicas de reactivación económica, laboral y social. Esta es una asignatura pendiente en 2021.