Una de las explicaciones para que existan los análisis prospectivos es que sirven para ayudar en el proceso de toma de decisiones de las autoridades políticas de todo nivel, y también para que quienes dirigen una empresa o un conglomerado de ellas pueda dar pasos más acertados.
El concepto de riesgo político no es nuevo. Se deriva de los actos o decisiones que terminan afectando los objetivos políticos de gobierno o los resultados de un negocio determinado, y su gama es amplia pudiendo ir desde conflictos internos, cambios en normas o regulaciones, actos de corrupción, hasta terrorismo, activismo social, o amenazas de ciberseguridad, entre otros. De suerte, que la gama es amplia, derivándose de ello que es preferible usar una metodología para medirlo a no hacerlo.
En ella, se incluyen o no indicadores de tiempo en tiempo, dependiendo de los avatares que estén ocurriendo en un país, o en un conjunto de ellos de características similares. De allí, que el cambio social experimentado en Latinoamérica en la última década, que ha significado nuevas demandas que los gobiernos han tenido dificultades de captar a tiempo, recién ahora se están incorporando a los instrumentos de medición del riesgo político, lo cuál explica en parte las irrupciones sociales y la tardía reacción de quienes nos gobiernan para adelantarse a los hechos y así adoptar medidas oportunas.
La capacidad del Estado para enfrentar estas crecientes demandas sociales, en gran parte producidas como consecuencia del aumento de la brecha entre la riqueza creciente en pocas manos y la pobreza y también miseria inmensamente mayoritaria en casi el 85% de nuestras poblaciones, hace que quienes son responsables de planificar estratégicamente nuestras políticas de desarrollo, deban aguzar su mirada sobre estos movimientos sociales que de manera creciente no están respondiendo como antaño a liturgias partidistas.
Ya sabemos que el crecimiento de nuestros países se encuentra estancado, también que el número de compatriotas en estado de pobreza ha crecido de la mano de la pandemia. A la crisis económica debemos sumar la política o de gobernabilidad, y que en este marasmo de creciente complejidad quienes se frotan las manos son quienes actúan permanentemente al margen de la ley, por lo que la delincuencia va en aumento.
Aunque con ritmos diferenciados, todos nuestros países han iniciado sus respectivas campañas de vacunación para combatir el COVID 19, por lo que se cree que de aquí y hasta fines del presente año, todos los habitantes de nuestros países habrán recibido sus dosis de la respectiva vacuna, con lo cuál la declinación de la pandemia será ostensible.
¿Es ello suficiente e indicativo que debemos relajarnos y cruzarnos de brazos? Lamentablemente no será así, porque las economías y el cuerpo social de nuestros países quedarán muy afectados, por lo que se deberán adoptar medidas de emergencia y ayuda de inmediato.
Desde ahora, podemos decir casi sin ningún riesgo de error que las metas adoptadas por la casi totalidad de los países miembros de las Naciones Unidas, que sustentan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2030) no se podrán alcanzar. De manera que, así como tampoco se logró alcanzar los Objetivos de Desarrollo para el Milenio (ODM) la humanidad pero particularmente los menos favorecidos deberán resignarse a seguir viviendo bajo la línea de la subsistencia. Por ello, aceptando que el riesgo político existe, él se puede prever siempre que quienes nos gobiernen acepten y entiendan que los imprevistos se pagan caro.
