Comenzó su trámite en la Cámara de Representantes un nuevo proyecto de reforma política impulsado por un grupo de jóvenes parlamentarios, comprometidos en cambiar las costumbres políticas en Colombia. Hasta ahora se aprobó el primero de los ocho debates y ya genera controversia que no sorprende

La última vez que se aprobaron algunas reformas fue en el acto legislativo de equilibrio de poderes que se promulgó en el 2015, cuando se eliminó la reelección presidencial, se modificó el proceso de elección del Contralor General, se abrió la posibilidad de coaliciones de partidos minoritarios para corporaciones públicas y se avanzó en equidad de género. En esa oportunidad el Congreso hundió la eliminación del voto preferente, origen de todos los males de la política colombiana. 

Después en el 2017 se inició el trámite de una profunda reforma política y electoral, que preparó una misión de expertos, en desarrollo del punto 2 del acuerdo de paz. 

La columna vertebral era la lista cerrada, paridad y alternancia, financiación pública de campañas y la creación de un órgano electoral autónomo e independiente. La cercanía del proceso electoral del 2018 no permitió avanzar y perdimos una extraordinaria oportunidad de producir un cambio estructural en la política colombiano, con el procedimiento del fast track avalado por la Corte Constitucional. 

Seguimos hoy entonces con un sistema perverso, que genera altos niveles de corrupción por cuenta del voto preferente y favorece la financiación ilegal de las campañas por sus desmesurados costos, sin que exista además una autoridad electoral eficaz e independiente que pueda controlar. Por ello, hay que celebrar que nuevamente se abra un debate que el país no puede abandonar. 

Es cierto que genera poco interés en una población angustiada por la profunda crisis económica y social, ocasionada por la pandemia y la mala tarea del gobierno para enfrentarla. Pero al ciudadano es importante advertirle que un sistema político corrupto, desequilibrado e ineficaz como el que tenemos, afecta la calidad de la gestión pública. Sin reformas estructurales a la justicia y a la política, el país no podrá fortalecer su institucionalidad y recuperar legitimidad democrática. 

Lamentablemente la iniciativa arrancó mal, con la pésima idea de ampliar el número de congresistas, con el noble propósito de garantizar representación en el Senado a los habitantes de los antiguos territorios nacionales. Una equivocación aumentar el número de senadores en tiempos de pandemia, cuando a la inmensa mayoría de los colombianos le encantaría su reducción, especialmente en momentos en los que por cuenta de la virtualidad la percepción de la opinión es que el Congreso está cerrado y los parlamentarios siguen devengando un cuantioso salario. El proyecto tiene elementos positivos, especialmente la eliminación del voto preferente para el 2023, pero esta ampliación del Congreso, sumada a la decisión de no incorporar la financiación pública de campañas, ni la creación de una autoridad electoral con dientes, lleva a pensar que así como está no es la solución.

Ojalá en el camino se puedan eliminar los elementos nocivos de esta reforma e incorporar iniciativas que son indispensables, si hablamos de una reforma política estructural que debe contener un paquete de medidas integral y no sólo acciones aisladas que terminan siendo ineficaces y hasta dañinas. Mientras tanto, llegó el momento en que el país tome la decisión de reducir el tamaño del congreso por razones fiscales, de eficacia y de legitimidad. Sin caer en la idea uribista de un Congreso unicameral, que es propio de los regímenes autoritarios, si vale la pena evaluar a fondo una disminución sustancial del número de congresistas en el país. Tenemos muchos congresistas y muy poco Congreso.