En estos días de emergencia cuando se espera que las fuerzas vivas de la Nación cumplan un papel preponderante en la solución inmediata de la hambruna que azota a los colombianos, vemos que sólo unas ONG, ciertas fundaciones, algunos empresarios y oficinas gubernamentales lo están haciendo.
Lamentablemente esas ayudas alcanzan únicamente para un escaso porcentaje de familias que hoy se encuentran angustiadas por un futuro poco prometedor y que ven cómo sus posibilidades de subsistir se tornan cada vez más desalentadoras.
Muy, pero muy poco se reseña en las redes sociales, a no ser que lo hagan en forma muy discreta, que los concejales, diputados y congresistas, que representan el non plus ultra de la política en el país, estén efectivamente repartiendo mercados entre la población vulnerable como tradicionalmente lo hacen en época electoral. (Qué tristeza tener que registrarlo, pero es cierto: como no hay elecciones de por medio que comprometan sus curules, no se acuerdan del electorado.)
Toda la clase política sin excepción, como empresa electoral, tiene registro de lo que se conoce como su ´mercado´ de votantes, lo que hace totalmente posible hacerles llegar en estos momentos el alimento que con urgencia necesitan.
Por motivos de espacio, voy a saltarme el análisis de los concejales y diputados, para concentrarme sólo en los congresistas de nuestro departamento, que se encuentran en la cúspide de la pirámide y que son los que más ingresos devengan del Estado por cuenta de los electores.
Haciendo la salvedad, eso sí, de que fui elector de dos congresistas que se encuentran en la actualidad en uso de sus funciones, pero ello no me inhabilita para hacer la siguiente reflexión, al contrario, me siento con la autoridad moral suficiente para exigirles solidaridad en estos momentos de grave crisis sanitaria.
Veamos: Nueve congresistas tiene nuestro departamento que devengan individualmente por sueldos mensuales la suma de $34’741.755,( sin mermelada) con el incremento del presente año, más arandelas mensuales de: plan de celular, tiquetes aéreos, equipos de escoltas con carros blindados, seguro de vida, unidad legislativa de hasta 10 funcionarios por 50 millones mensuales, prima especial de servicios y prima de navidad que arroja un costo mínimo mensual por congresista de 100 millones de pesos, lo que arroja un costo total para el erario, por cuenta de nuestros congresistas, de 900 millones mensuales.
Si esos nueve congresistas se despojan de un mes de salario, lo que con toda seguridad no los va a empobrecer, podrían regalar entre sus electores 9.000 mercados de 100 mil pesos para igual número de familias, con lo cual estarían solucionando al menos transitoriamente la situación a 36 mil personas (la familia promedio en Cúcuta está compuesta por 4 miembros), lo cual sería una muy buena acción que sus potenciales votantes (léase ´mercado electoral´) les agradecerían infinitamente. Y si no quieren hacerlo por elemental principio de solidaridad, véanlo entonces como una inversión política, pero en cualquier caso véanlo y pónganlo en práctica.
No más comunicados que se convierten en saludos a la bandera, lo que se requiere es una efectiva solidaridad que sea voluntaria y no una obligación por cuenta de un descuento (valga casi la redundancia) originado en un Decreto presidencial.
