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La Acción pretende el pago de los perjuicios causados a los miembros del Grupo, conformado por cerca de 20.580 personas, por no cumplir las demandadas con la obligación de verificar la identificación de los suscriptores que adquieren el servicio.
Un grupo de personas víctimas del delito de extorsión a través de comunicaciones originadas desde teléfonos celulares, entabló una Acción de Grupo contra Comcel, Tigo y Movistar.
La Acción pretende el pago de los perjuicios causados a los miembros del Grupo, conformado por cerca de 20.580 personas - 2.605 víctimas directas y 17.975 miembros de sus familias-, por no cumplir las demandadas con la obligación de verificar la identificación de los suscriptores que adquieren el servicio.
El Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá admitió la Acción en la cual los demandantes exigen una indemnización colectiva que asciende a $1.4 billones, además de la desactivación de las líneas en las cuales las demandadas no agotaron todos los recursos a su alcance para identificar a los suscriptores de los servicios, ni la veracidad de los datos suministrados por estos mismos.
La defensa del Grupo presentó una serie de pruebas entre las que se destacan unos videos que comprueban la facilidad con que se adquieren las tarjetas SIM de los tres operadores, sin que éstos soliciten o comprueben los datos exigidos por las normas para la compra de las mismas.
“Existe una normatividad que exige a las empresas operadoras de telefonía celular verificar todos los datos de quienes adquieren las tarjetas SIM; no obstante, esto no se cumple en la actualidad. Este grave incumplimiento es aprovechado por los delincuentes para realizar extorsiones a través de las líneas, ya que la información suministrada por los operadores no permite identificarlos. De esta manera, Comcel, Movistar y Tigo, por su afán de lucro, ponen en peligro la integridad, bienestar y vida de las personas afectadas y de otras que puedan llegar a serlo en un futuro”, comentó el abogado José Antonio Durán Ariza, quien actúa como apoderado judicial y representante del Grupo.
La tendencia histórica del número de casos de extorsión ocurrido en 2009 se incrementó en un 65,4% frente a los registrados en el año 2008, situación que encuentra su explicación en el inicio en la prestación de servicios de tercera generación (3G) y en la comercialización sin control de las tarjetas SIM.
Un grupo de personas víctimas del delito de extorsión a través de comunicaciones originadas desde teléfonos celulares, entabló una Acción de Grupo contra Comcel, Tigo y Movistar. La Acción pretende el pago de los perjuicios causados a los miembros del Grupo, conformado por cerca de 20.580 personas - 2.605 víctimas directas y 17.975 miembros de sus familias-, por no cumplir las demandadas con la obligación de verificar la identificación de los suscriptores que adquieren el servicio.
El Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá admitió la Acción en la cual los demandantes exigen una indemnización colectiva que asciende a $1.4 billones, además de la desactivación de las líneas en las cuales las demandadas no agotaron todos los recursos a su alcance para identificar a los suscriptores de los servicios, ni la veracidad de los datos suministrados por estos mismos.
La defensa del Grupo presentó una serie de pruebas entre las que se destacan unos videos que comprueban la facilidad con que se adquieren las tarjetas SIM de los tres operadores, sin que éstos soliciten o comprueben los datos exigidos por las normas para la compra de las mismas.
“Existe una normatividad que exige a las empresas operadoras de telefonía celular verificar todos los datos de quienes adquieren las tarjetas SIM; no obstante, esto no se cumple en la actualidad. Este grave incumplimiento es aprovechado por los delincuentes para realizar extorsiones a través de las líneas, ya que la información suministrada por los operadores no permite identificarlos. De esta manera, Comcel, Movistar y Tigo, por su afán de lucro, ponen en peligro la integridad, bienestar y vida de las personas afectadas y de otras que puedan llegar a serlo en un futuro”, comentó el abogado José Antonio Durán Ariza, quien actúa como apoderado judicial y representante del Grupo.
La tendencia histórica del número de casos de extorsión ocurrido en 2009 se incrementó en un 65,4% frente a los registrados en el año 2008, situación que encuentra su explicación en el inicio en la prestación de servicios de tercera generación (3G) y en la comercialización sin control de las tarjetas SIM.
