Sin que se sepa qué es lo que va a pasar con la aplicación del Decreto 2229 del 27 de diciembre 2017, por el cual el Gobierno Nacional exige la internación de vehículos venezolanos, amanecieron este viernes los cucuteños que son propietarios de estos bienes muebles de placas extranjeras. 

Este viernes se cumplieron  6 meses desde que se reglamentó el acto administrativo, para que los alcaldes de las zonas fronterizas dispongan de oficinas y logística necesaria para que se inicie la internación, sin embargo, se conoció que en lo que respecta a Norte de Santander no se ha abierto el primer punto, es decir, que no se ha acatado la ley. 

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Es más. Según el alcalde de Los Patios, Diego González, los mandatarios del área metropolitana no estarían de acuerdo en abrir las oficinas para la internación porque “ha faltado información para determinar cómo reglamentamos y cómo hacemos esos puntos para que la gente pueda hacer esa internación de los vehículos”. 

González, puntualizó que el decreto para la internación es muy laxo y no hecho a la medida de una frontera golpeada fuertemente por el olvido estatal y por la situación del fenómeno económico y migratorio venezolano.
Según el alcalde de Cúcuta, César Rojas Ayala, el próximo martes se tiene premeditada una reunión de carácter extraordinario entre los alcaldes del área metropolitana para resolver qué medidas se toman. 

Los críticos dijeron que la situación es responsabilidad de los alcaldes porque aunque hace 6 meses se sabía que este día iba a llegar, apenas ayer el secretario de Hacienda, Martín Martínez, fue al Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo para que sea esta jurisdicción la que aplique una medida cautelar que suspenda el Decreto Ley. 

Vale recordar que esta demanda también se radicó por Martínez ante el Consejo de Estado, para que declare la nulidad del acto administrativo. 

Policía y Dian se preparan

Este medio se comunicó con el comandante de la Policía Fiscal y Aduanera de Norte de Santander, mayor Miguel Ángel Mercado, para conocer si se iniciará actividad alguna referente a actividades para incautar vehículos venezolanos como contrabando, el mayor dijo que “al momento nosotros (Polfa) trabajamos en conjunto con la DIAN y esperaremos reuniones para establecer parámetros y decisiones tomar con respecto a este tema”.

No obstante, dijo que la Policía no tiene interés en iniciar actividades operativas arbitrarias, dado que se conoce de las demandas efectuadas ante la jurisdicción contencioso administrativa. 

Es decir, que salvo que se ordene desde el gobierno central incautar vehículos venezolanos, por ahora no se iniciará ninguna actividad para confiscar estos vehículos. 

Juega el tiempo

Aunque las autoridades no desconocen que la ley debe cumplirse, la esperanza de los alcaldes —que se encuentran entre la espada y la pared— es que por ahora se declare la medida cautelar contra el Decreto antes del 27 de junio, con lo cual se daría mayor tiempo para que se reglamente cómo se debe realizar la internación temporal. No obstante, juristas con experiencia en estos procesos aseguran que sólo para conocer el auto admisorio de la demanda tardaría unos 20 días. 

Por su parte l alcalde de Villa del Rosario, Pepe Ruiz Paredes, y el de Cúcuta, dijeron que así quisieran internar los vehículos desde ya no podrían pues se estima que en solo el área metropolitana puedan haber más de 160 mil. 

Violarían derechos fundamentales

Quienes manifestaron estar completamente en contra de la internación fueron los concejales de Cúcuta,  Jaime Marthey y Oliverio Castellanos. 

Castellanos dijo que la ciudad se encuentra en ese limbo jurídico por el afán del alcalde César Rojas de recaudar impuestos, incluso, comparó lo hecho por Rojas con otras medidas de tiempos anteriores como el Pase Amigo, “el cual tampoco resolvió la situación de los vehículos venezolanos y por el contrario sí generó problemas”. 

Por su parte, Marthey expresó su preocupación porque ya pasaron 5 meses y no se hizo ninguna acción conducente para que el decreto no entrara en aplicación. Es más, dijo que de aprehenderse un vehículo venezolano por la

Dian se estaría violando el derecho fundamental al debido proceso, ya que si bien ellos quisieran internarlo no pueden, porque no hay ninguna oficina abierta para hacer ese trámite.