Las amenazas a líderes y autoridades en la zona rural de Cúcuta se mantienen pese a las alertas tempranas que ha hecho la Defensoría del Pueblo y las denuncias que reposan en la Fiscalía, por el accionar de grupos armados que actúan al margen de la ley en esos territorios. 

En el caso más reciente, Gerson Bonet, corregidor de San Pedro, tuvo que abandonar la zona y ahora despacha desde la Secretaría de Gobierno Municipal, por una situación en la que –asegura- se puso en riesgo su vida y la de su familia. El caso fue denunciado ante la Fiscalía. 

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Pepe Ruiz, defensor del Pueblo para Norte de Santander, informó que una vez se conoció la situación se activó la ruta para pasar el caso a los entes competentes, entre ellos la Unidad Nacional de Protección.

Un llamado al Concejo

A pesar de haber denunciado el caso, Gerson Bonet no ha perdido oportunidad de solicitar ayuda para que se le brinden garantías y el pasado viernes, ante el Concejo Municipal, leyó un documento que radicó ante la Corporación contando lo que ha tenido que vivir como corregidor.

En sus funciones, dijo, ha adelantado actuaciones de carácter administrativo que tiene que ver con acciones de recuperación del espacio público, despachos comisorios, lanzamientos de ocupación, procesos relacionados con títulos mineros, aplicación de infracciones urbanísticas, así como intervenciones en pleitos por predios que no ostentan títulos de propiedad. 

En su exposición, Bonet aseguró que en el corregimiento existen 14 minas legalmente registradas, pero también están las que funcionan ilegalmente, junto a la presencia de grupos armados que actúan al margen de la ley, “como lo detallan los informes de alertas tempranas que reposan en la secretaría de Gobierno municipal y Departamental”, dijo.  

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Cree que su llegaba al lugar para tratar de ejercer funciones de autoridad, en el marco de la Ley 1801 de 2016 no ha sido bien vista por estos grupos.

Llamadas y amedrentamientos 

Desde agosto de 2022, Gerson Bonet empezó a recibir llamadas telefónicas y extorsiones. “Me exigían renunciar a mi cargo, pues de no hacerlo podían arremeter contra mi vida e integridad y la de mi familia”, denunció.

Comentó que aunque expuso su caso en el Consejo de Seguridad, el 13 de enero de 2023 y que se hizo en el comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), en presencia de todas las autoridades, no recibió respuesta.
Seis días más tarde, cuando se dirigía al corregimiento, luego de salir de una audiencia -cuenta- fue sorprendido por dos hombres armados que le salieron en la vía y lo obligaron a detener la marcha del vehículo.

“Me dijeron que dejara de ser ‘sapo’. Ya sabemos todo, deje de seguir trabajando con la Policía y lo vamos a quemar dentro del carro. La próxima vez no lo vamos a parar”, mencionó en su relato.

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Desde Cúcuta 

Como los mensajes intimidatorios continuaron y en algunos le pedían salir del corregimiento, Bonet, quien ya había denunciado ante distintas instancias su caso, expresó su temor en la Secretaría de Gobierno de Cúcuta que solicitó por medida de seguridad a Talento Humano que su puesta de trabajo fuera trasladado a esa oficina, en Cúcuta, para el mes de febrero.

Desde entonces, ha tenido que realizar las visitas de inspección ocular con el acompañamiento de la Policía Nacional. En su domicilio, fuera de Cúcuta, cuenta con presencia de funcionarios de un Comando de Atención Inmediata (CAI) y un cuadrante de Derechos Humanos. 

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