El proceso de adjudicación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Cúcuta, que avanza en un terreno muerto tras haberse declarado desierto en tres oportunidades, la última el 28 de enero, podría tener cambios sustanciales en los términos y condiciones en los próximos días.

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Así se desprende de la sesión  virtual aclaratoria de dudas e inquietudes del hasta ahora fallido proceso PAE de Cúcuta, llevada a cabo ayer por la Bolsa Mercantil Colombia con asistencia de sociedades comisionistas, compañías contratistas y la alcaldía de Cúcuta, en la que se conoció por parte de esta última entidad que no se descartan cambios para poder retomar el proceso y conocer el nuevo operario de este servicio para la vigencia 2022.

Quien resulte favorecido deberá proveer raciones alimentarias, industrializadas y almuerzos en los comedores de las escuelas para unos 78.020 niños y jóvenes, en un contrato por una cuantía de 36.447 millones de pesos.

Durante el desarrollo de la sesión, que se extendió por hora y media, los participantes, en su gran mayoría, coincidieron en cuatro aspectos como los directos  responsables de que la adjudicación del PAE Cúcuta no se haya podido dar en las tres ocasiones en que se ha declarado desierto el proceso: los costos de la minuta, el menaje, la condición de la bodega y la certificación fitosanitaria  de la misma.

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Lo anterior desvirtúa la tesis de la alcaldía de Cúcuta, revelada por el alcalde Jairo Yáñez el pasado sábado, en la que consideró que se estaba tejiendo una situación oscura alrededor del proceso para sabotear la contratación del PAE y, de paso, perjudicar a los cerca de 80.000 niños y jóvenes que se beneficiarán de este programa.

Los miembros de las sociedades comisionistas y representantes de firmas y compañías contratistas que participaron en la sesión fueron claros en señalar que de no darse un viraje en el tema de los costos de las raciones, muy difícilmente se podrá alcanzar un equilibrio financiero para cualquier compañía que participe en el proceso y, por ende, tampoco se podrá llegar a una adjudicación del contrato”.

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“El valor que sale publicado de los precios (2.300 pesos la ración), no da la cobertura a los costos actuales de los alimentos de precios de mercado. Este ha sido un impedimento para legar a la rueda de negociación”, dijo el comisionista Camilo Giraldo.

En cuanto a la bodega y a la certificación sanitaria, cuya condición le exige al operador que resulte favorecido  que debe tenerlas listas en un lapso no superior a diez días calendario después de adjudicado el contrato, la discusión se centró en que es casi que imposible para cualquier empresa que llegue nueva poder cumplir con estas condiciones en un plazo tan corto, además de que en la sola certificación sanitaria su expedición podría demandar más de dos semanas.

En esto mismo insistió Mónica León, representante legal de la firma Marketing de Planificación Alicorp, al señalar que el tiempo exigido para la certificación sanitaria es imposible de lograr, sobre todo para cualquier empresa que empiece de cero.

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A su turno, Alejandro Porras de Comiagro volvió a insistir en el tema de los costos. Dijo que la operación cuenta con un esquema de costos muy complejo, que hace poco atractivo a los interesados en participar. En particular en costos en tema de lácteos, cárnicos y de la ración industrializada. 

Porras sugirió una reducción en el número de días escolares que se prestará el servicio, a fin de lograr incrementar el precio de la ración.

Planteó también fraccionar la operación en dos contratos, como lo han hecho Bucaramanga o Medellín, a fin de garantizar las necesidades de la comunidad y la participación de los proponentes, y no en una negociación tan grande, como se insiste.

El comisionista certificado Camilo Giraldo, dijo que a su juicio se deben dar garantías en precios para garantizar la participación de otros proponentes.

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Pedro Murillo, representante legal de Procesadora de Alimentos Comecarnes, de Cúcuta, insistió que es necesario revisar el tema de los costos para poder hacer un costeo detallado. el diseño de la minuta debería hacerse a partir de la disponibilidad local. “Para muchos de los productos que se exigen no hay suficientes empresas locales y ni siquiera tienen registros sanitarios para ello, lo cual encarece los costos porque hay que traerlos de otras ciudades”.

Pero además de las anteriores inquietudes, sobre las cuales se solicitaron aclaraciones por parte de la alcaldía de Cúcuta, el presidente del Concejo, Oliverio Castellanos, la Liga de Padres de Familia de los colegios oficiales y veedores ciudadanos le pidieron al alcalde Jairo Yáñez hacer claridad en su tesis del presunto saboteo y situaciones oscuras, así como de la participación de las empresas que se han presentado al proceso.

Castellanos le dijo a Yáñez que la  dificultad que se presenta para contratar el PAE pone en riesgo el objeto y metas esenciales de dicho programa, en especial en lo que se refiere a retención escolar.

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Para el presidente del Concejo una conclusión que preocupa tiene que ver con el precio de la ración, sobre lo cual no hubo un acuerdo ayer entre los posibles oferentes y la alcaldía, “porque hay un desequilibrio evidente. Se le mostraron los estudios reales del mercado, de los cuales ellos (la alcaldía) deben ajustar los costos de la ración, porque el contrato en las condiciones que está plasmado presenta pérdidas”.

Advirtió que por el sistema de Bolsa Mercantil la garantía líquida es del 10 por ciento del contrato, es decir más de $3.600 millones, lo cual dejaría por fuera a muchos de los posibles oferentes que quieren acceder a prestar el servicio.

Castellanos dijo que se informó de esta situación con carácter de urgencia a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Educación Nacional para lo que corresponda.

Para Asopadres existen otras razones por las que no se ha logrado adjudicar el contrato al nuevo operador del PAE.

Consideramos que las condiciones fijadas por la alcaldía están desactualizadas a la realidad actual del costo de vida, pero también ha faltado mucha planeación, dijo Eduardo Parra, presidente de la organización que aglutina a los padres de familia.

Recomendaciones serán analizadas

En su intervención en la sesión de aclaración, la Secretaria de Educación de Cúcuta, Jessica Ramírez, no descartó que se produzcan modificaciones en algunas de las recomendaciones presentadas por las compañías contratistas y comisionistas de bolsa.

Aprovechó para dar a conocer que el proceso contractual del PAE tiene en esta zona de frontera un atractivo adicional, porque el Programa Mundial de Alimentos, desde años atrás, como cooperación internacional, hace un contrato con el operador que resulte favorecido para 18.000 cupos más con destino a niños migrantes venezolanos, para proveer el PAE en las mismas condiciones que la entidad territorial disponga.

Esto puede representar, en término de costos al contrato de Cúcuta, como un colchón y oportunidad para el operador que salga favorecido, dijo la funcionaria.

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En cuanto el tema de la bodega, Ramírez reveló que se eliminó completamente la restricción como requisito habilitante, “ya no hay esa barrera, ni siquiera en término de la existencia de la certificación fitosanitaria”.

Obvio debe garantizarse las condiciones sanitarias, porque se trata de alimentos, tal como lo demandan los lineamientos de ley. Para ello, dijo Ramírez,  con la secretaría de Salud del municipio se acordó generar la rapidez del trámite de la certificación apenas se adjudique el PAE. Con relación a la zonificación del contrato,  Ramírez no descarta también que se pudiera llevar a cabo como lo hacen en Bucaramanga y Medellín. Es una buena idea y ello daría pluralidad a la participación.

En cuanto a los costos, dijo que fue un ejercicio que no se produjo de la noche a la mañana. “No hay que olvidar que nosotros sacamos un PAE en octubre y eso demuestra que hay un ejercicio que ya funcionó. Añadió que los estudios de costos se trabajaron de meses atrás, además, toda la estructuración se hizo basados en los precios de la Central de Inversiones SA (CISA), que es un sistema de información empleado por el DANE”, expuso Ramírez.

La funcionaria, no obstante, dijo que todas las recomendaciones se estudiarán. En cuanto a los años de existencia de la Unión Temporal, expresó que se tendrá en cuenta esta observación.

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