Norte de Santander tiene, después de Córdoba, la tasa de letalidad más alta del país por coronavirus. Con 12.047 casos y 667 fallecidos, este indicador en el departamento es del 5,5%, mientras que la del país es de 3,2%. 

   

Teniendo en cuenta que la tasa o índice de letalidad se refiere al cociente de fallecimientos en relación a las personas que se han contagiado, esta tasa, según los expertos, puede tener explicación en la baja capacidad de hacer pruebas y, por lo tanto, de identificar los casos positivos.

      

Ante las denuncias de retrasos en la entrega de resultados por parte de las EPS de la ciudad, La Opinión hizo una encuesta virtual entre su comunidad de lectores en la que participaron 398 personas. Los  testimonios y las estadísticas recolectadas dan cuenta de demoras significativas en la entrega de resultados y falta de seguimiento a los pacientes positivos y a sus posibles contactos.  

 

La encuesta evidencia la disparidad en tiempos que existe entre las entidades públicas y privadas. Mientras que el 77% de los encuestados que acudió a un laboratorio privado recibió los resultados en un lapso de entre 1 y 5 días, en las EPS el panorama es muy distinto: al 22% de los encuestados la entrega de resultados se demoró entre 10 y 15 días; al 23% se le demoró más de 15 días, y al 28,5% nunca le entregaron los resultados. 

 

“Me practicaron la prueba en junio, pero para notificarme que era positivo mi EPS tardó en decírmelo 15 días”, dijo una mujer que pidió mantener su identidad en el anonimato.

 

Otro paciente le aseguró a La Opinión que la prueba se la hicieron el 4 de agosto y 24 días después no le habían dicho si era positivo o negativo.

 

O como el caso de una mujer a la que le hicieron la prueba el 15 de agosto y todavía no le han dado el resultado. “Fui al médico por los síntomas y el médico me dio una orden para que la EPS me hiciera la prueba, pero solo se limitaron a llamarme día a día para saber mis síntomas. Sé  que tengo COVID-19 porque la empresa donde trabajo me hizo una prueba privada y salí positivo. Mis hijos presentaron los mismos síntomas y no hubo pruebas, mi hermano y cuñada fue lo mismo. Las cifras de contagios es ficticia ya que sé de gente conocida que presentó síntomas de COVID-19, pero nunca se hicieron pruebas”.

 

Los resultados también evidencian demoras en las etapa de toma de muestras: mientras el 44,7% aseguró que le tomaron la muestra entre 1 y 5 días después de haberla solicitado, al 26% se le demoraron entre 5 y 10 días, y al 18,7% se demoraron en tomarla entre 10 y 15 días o más. Un 10,6% aseguró que, a pesar de haber solicitado la prueba, nunca se la tomaron. 

 

Sebastián Rivera, epidemiólogo de la Unidad Hematológica Especializada de Cúcuta, explica que la poca detección de casos puede influir en la letalidad. 

 

“Una letalidad tan grande se explica por la poca detección de casos ya que se hacen pocas pruebas, ahora sólo se detectan en su mayoría los casos sintomáticos, el indicador de letalidad nos muestra los fallecidos confirmados por COVID de todos los casos sintomáticos y asintomáticos. En Cúcuta la letalidad es mayor al no poderse detectar lo casos asintomáticos efectivamente, aunque también influyen otros factores, como que la población que más se ha infectado es la más vulnerable y con más predisposición a agravarse”. 

 

Fallas en la atención

 

La inoportunidad de las EPS para brindar una atención de calidad a sus afiliados quedó reflejada en la pregunta de a qué entidad solicitó que le practicaran la prueba. El 50,2 por ciento de los encuestados respondió  que a una entidad privada.

 

Sobre el tipo de prueba que más solicita la gente que le hagan, la rápida punteó con el 53,8 por ciento, seguida de la del hisopado nasofaríngeo (38,7 por ciento).

 

Sobre este particular, los testimonios de los encuestados señalan que hay poca información al respecto y que la atención a los pacientes cuando acuden a los centros médicos públicos no es la adecuada, además de lenta.

 

Caso contrario cuando se acude a una entidad privada, “como la Unidad Hematológica Especializada, donde el  proceso fue realmente rápido, aproximadamente 15 minutos entre pagar el respectivo examen y la toma del mismo. A los 45 minutos ya tenía el resultado en PDF en el WhatsApp de mi celular”.

 

Hasta el 1º de agosto, Cúcuta tenía 8.408 casos reportados como positivos y 497 muertos. Las comunas 6, con 1.227 casos; 4, con 1.030; 8, con 861, y 7, con 853 son las más contagiadas por el virus. De 3.665 pruebas aún no se conocen resultados.

 

Las quejas por la desatención de las EPS fueron evaluadas la semana anterior por  la Comisión Regional de Moralización, de la cual hacen parte los órganos de control de Cúcuta. El contralor general de Norte de Santander, Sergio Enrique Rosas, le dijo a La Opinión que se dispusieron planes de evaluación y vigilancia para verificar la atención que están prestando estas entidades a sus usuarios.

 

Al ser indagado por la demora en la entrega de los resultados de pruebas COVID-19, Gustavo Morales, presidente ejecutivo de la Acemi, ente que agremia las 10 EPS del régimen contributivo del país, dijo que hace varias semanas se tuvo un pico alto de 40.000 pruebas diarias y ello tardó la entrega de resultados, hecho que en la actualidad se superó con una entrega  máximo 30 horas diarias.

 

Cara a cara IDS y EPS

 

El director del Instituto Departamental de Salud (IDS), Carlos Martínez, confirmó que en julio hubo inoportunidad de las EPS en la generación de los resultados de las pruebas, pero, tras la intervención que se hizo, esta falencia empezó a mejorar.

 

El funcionario dijo, no obstante, que en agosto aún se percibió  desatención en el procesamiento de las pruebas COVID-19.

 

De esta situación se dio parte a la Superintendencia Nacional de Salud para que se tomen cartas en el asunto, dijo el funcionario.

 

Martínez señaló que en cuanto a la ocupación de camas de cuidados intensivos se logró bajar el pico que se presentó semanas atrás, cuando se estuvo en un 98 por ciento.

 

Al día de hoy –dijo– hay una disponibilidad del 27 por ciento, lo que se traduce en 81 camas UCI .

 

Las EPS informaron que tienen activos planes de acción para asegurar y garantizar la atención a los usuarios que soliciten sus servicios.

 

*Gráficos: Karina Rodríguez / La Opinión