El defensor regional del pueblo, Pepe Ruiz Paredes, se mostró sorprendido por la escasa respuesta que las autoridades competentes les están dando a las alertas tempranas que ha emitido a lo largo del año la entidad que representa.
El representante del organismo defensor de los derechos humanos indicó que estas alertas que fueron transmitidas al ente rector nacional y luego reenviadas a cada una de las autoridades responsables tienen que ver con las amenazas a líderes comunales y sociales, así como al desplazamiento interno que ha obligado a unos 50 de estas personas a buscar albergue en barrios distintos en los que ha vivido.
También, relacionadas con el trabajo forzado en menores de edad y a la trata de personas, dos delitos que en una ciudad fronteriza como Cúcuta van en franco ascenso y por ello la preocupación porque las respuesta que se han dado no corresponde a lo delicado de las alertas, dijo Ruiz.
Meses atrás, en el presente año, el defensor nacional del Pueblo, Carlos Camargo advirtió que Llamaba la atención la violencia sostenida contra el sector comunal, indígena, comunitario, campesino o agrario y afrodescendiente, en los cuales usualmente ocurre la mayoría de conductas vulneratorias registradas a la fecha.
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En Cúcuta, Ruiz manifestó que no todas las amenazas a líderes comunales que registra la Confederación Comunal, cuya cifra este año asciende a 50, son formuladas en la Defensoría del Pueblo. “Algunos van a la Personería, otros a la Fiscalía o la Policía y otro tanto viene a nuestras oficinas”.
Dijo que resulta preocupante que existe un subregistro de conductas vulneratorias contra los derechos de la población, especialmente sobre los derechos de quienes ejercen un liderazgo social.
“Reiteramos nuestro llamado a los entes territoriales para proteger la vida e integridad de todas estas personas. Sobre todo, por la violencia sostenida en contra de quienes hacen parte de los sectores comunal, indígena, comunitario, campesino o agrario y afrodescendiente, los más golpeados por la violencia.
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Cuando se presentan las amenazas nosotros con anterioridad las habíamos alertado, para que se adopten las medidas necesarias, dijo Ruiz. Lo que pasa es que hay muchos grupos interesados en que no se produzcan las denuncias.
Reveló que sí hay un grupo grande de líderes amenazados y que se ha detectado por parte de la Fiscalía que desde las cárceles se vienen produciendo tales amenazas.
Otras amenazas provienen de los actores armados que hacen presencia en Cúcuta y sus alrededores. “Nosotros como Defensoría hemos hecho un seguimiento a esta situación y hemos reiterado la atención a los entes territoriales y de control para que se intervenga, porque no se están adoptando las medidas correspondientes con las alertas tempranas”, dijo Ruiz.
En cuanto a los desplazamientos internos en Cúcuta, es una cosa que no se está reportando por los mismos amenazados, por pura seguridad y para que no se sepa adónde se trasladaron.
Según la Defensoría del Pueblo, existe preocupación extrema por el aumento de riesgos y de homicidios en contra de líderes sociales y comunales que se produce en al menos 700 municipios del país, entre los cuales figura Cúcuta, con relativo riesgo alto.
Según los registros de ese organismo, entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022 se registró el asesinato de 593 defensores de derechos humanos, lo que se traduce en un promedio de 15 personas por mes.
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En cuanto a otros delitos como la trata de personas y el trabajo forzado en menores de edad, el defensor del pueblo Pepe Ruiz Paredes reveló que todos estos delitos, existen en el territorio y están consignados en las alertas tempranas que se han emitido este año en municipios del área metropolitana.
Dijo que la Fuerza Pública ha hecho operativos y se han visto resultados, pero es necesario que los mismos se mantengan en el tiempo para que no se vuelvan a repetir.
Alcaldía tiene 85 casos reportados
La secretaria de Gobierno de Cúcuta, Hidela Benítez le aseguró a La Opinión que la administración municipal sí les está brindando atención a los líderes comunales amenazados. Reveló que este año se han reportado 85 casos de amenazas contra líderes comunales, sociales, funcionarios públicos, defensores de derechos humanos y hasta contra periodistas que residen en el casco urbano y el sector rural.
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Benítez dijo que una ventaja para una atención integral de estos casos es estar bien articuladas las entidades responsables, porque ello ayudaría también a tener una estadística real de las amenazas y de los autores de las mismas.
Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, Ángel Álvarez, indicó que se viene articulando con las entidades mencionadas, para tener unas estadísticas actualizadas en escenarios como consejos de seguridad y el subcomité de prevención, protección y garantías de no repetición en el caso de los líderes.
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