El dolor y la incertidumbre son el yugo con el que cargan en el hogar de Steliz Jesús Peñaloza Villamizar, un cucuteño que desapareció hace más de 21 años. Al hombre le perdieron el rastro el sábado 12 de enero de 2002, cuando en el centro de Cúcuta lo subieron a una camioneta con rumbo desconocido y, hasta hoy, solo quedan las fotografías y otros recuerdos que evitan olvidarlo.

Peñaloza Villamizar era trabajador del Centro Comercial Alejandría y tenía 40 años. Para ese entonces ya había construido una familia de la cual quedaron dos hijos.

A los parientes de este hombre, en medio del proceso de Justicia y Paz, les aseguraron que él había sido ejecutado porque lo acusaron de un robo y que la orden era desaparecerlo para evitar cualquier evidencia.

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Los restos de Peñaloza podrían estar en cualquier parte de Cúcuta o como ocurrió con muchas víctimas de los paramilitares, fueron a parar al Cementerio Central, sin ser identificados, así lo denunció Cesar Andrés Herrera Bernal, secretario nacional de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), quien señaló que desde hace 30 años, en el campo santo de Cúcuta se cometieron irregularidades que ya están denunciadas ante la Justicia Especial para la Paz.

No los olvidan

Precisamente, el pasado 19 de julio, diez familias de víctimas de desaparición forzada en Cúcuta hicieron presencia en el Cementerio, donde en un acto liderado por Asfaddes y la Alcaldía de Cúcuta, les rindieron homenaje.

“Fue un encuentro de reivindicación a los desaparecidos. Fue un acto de memoria, pero también de visibilizar las irregularidades que hubo en ese lugar donde hay establecidos 22 sitios de interés forense (en cuartos, tierra y bóvedas) donde enterraron miles de cuerpos sin identificación. Y por eso la JEP tomó medidas cautelares para proteger los derechos humanos de estas víctimas y sus familiares”, contó Herrera Bernal.

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En el acto, el mandatario Jairo Yáñez entregó tres ofrendas florales y expresó su solidaridad y apoyo a todas las familias que han sido víctimas del crimen atroz de la desaparición forzada.

“Reconocemos la importancia de mantener intacta la evidencia y las pruebas que puedan ayudar en las investigaciones para establecer la identidad de las personas que podrían encontrarse aquí”, manifestó Yáñez.

Por su parte, Yefri Yoel Torrado, secretario de Posconflicto y Cultura de Paz, aseguró que “este lugar sagrado, que esperamos se convierta en santuario de memoria, como se ha solicitado, sea un recordatorio constante de nuestra obligación de verdad, justicia, reparación integral para  mantener viva la memoria de aquellos que no están, pero que nunca deben ser olvidados”.

Una familiar de un desaparecido, quien estuvo presente en el acto, dijo que como familiares de personas desaparecidas “pedimos que la Alcaldía cumpla las exigencias generales de protección de los 22 puntos en el cementerio. Es necesario que se aclare qué ocurrió con esos cuerpos para que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) comience el proceso de identificación y no queden en el olvido”.

Del 7 al 29 de agosto se hará la intervención del Cementerio Central de Cúcuta.

Audiencia de la JEP

Para el directivo de Asfaddes, la Alcaldía de Cúcuta no ha cumplido con las medidas cautelares impuestas por la JEP, asegura que tras el recorrido que han hecho en dichos puntos de interés forense, encontraron irregularidades.

“Las puertas están forzadas y violentadas. Hay estructuras donde sobresalen partes óseas. El Cementerio Central de Cúcuta es donde se ha cometido la más grande ignominia en toda Colombia. Acá tuvieron que traer personas de todo el país, porque no había control alguno de la administración municipal. Acá cometieron una violación a los derechos humanos, a las víctimas en el departamento y del país”, denunció Herrera Bernal.

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Precisamente, por estas denuncias este 10 y 11 de agosto, el alcalde de Cúcuta está citado obligatoriamente por la JEP a una audiencia de seguimiento sobre las medidas cautelares implementadas en el Cementerio Central; la magistratura ha decidido llamar al mandatario para interrogarlo sobre las acciones y planes adoptados para proteger los cuerpos no identificados y no reclamados que se encuentran en ese campo santo.

También se le pedirá información sobre si se ha implementado un plan de mejora de la infraestructura del lugar, un diagnóstico sobre la necesidad de construir un nuevo cementerio y otros asuntos de interés.

Además del mandatario de los cucuteños, la JEP también ordenó la presencia obligatoria del gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, quien también deberá responder preguntas relacionadas con las acciones emprendidas para proteger los lugares de interés forense en el cementerio.

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