Los resultados de la intervención hecha al Cementerio Central de Cúcuta por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Unidad de Investigación y Acusación de la Justicia Especial para la Paz (JEP) arrojaron no sólo avances en el proceso de recuperación de presuntas víctimas del conflicto armado, sino que además dejaron al descubierto el caos provocado por años de malos manejos administrativos. 

“De los 20 procesos de medida cautelar que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP ha ordenado, el escenario más crítico a nivel nacional, por la magnitud, la gravedad y el incumplimiento de las obligaciones de las autoridades locales, es el del Cementerio Central de Cúcuta”, fueron las palabras de la magistrada María del Pilar Valencia, al referirse a los cuerpos encontrados sin ningún tipo de demarcación en uno de los osarios colectivos del camposanto. 

Durante la intervención, la JEP encontró que cerca de 4 mil cuerpos no identificados fueron exhumados y reubicados sin el debido protocolo y reglamentación, situación que ha complicado el objetivo principal de las medidas cautelares adoptadas para avanzar en la búsqueda, hallazgo, identificación y entrega de las personas que fueron desaparecidas en el conflicto armado.

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Tras las conclusiones de la JEP, hasta el presidente Petro reaccionó por el número de cuerpos encontrados sin identificar que podrían ser víctimas del conflicto,  calificado por el mandatario  como “el genocidio cometido contra el pueblo colombiano”.

Frente al panorama, surgen interrogantes como ¿Quién o quiénes  deben responder por todo el desorden administrativo en el Cementerio de Cúcuta? ¿Qué sanciones caben por el mal manejo de los restos humano? Y ¿Qué implica, más allá del entorpecimiento al proceso de reparación de víctimas por el conflicto armado? 

Primeros indicios 

Entre 2019 y 2020 salieron a la luz pública una serie de denuncias de ciudadanos particulares, por  unos cobros extras que estaban haciendo los empleados del cementerio, para hacer trabajos de inhumación y exhumación de cuerpos.
 
Además de las denuncias por cobros, se empezaron a registrar los casos de personas que iban a buscar los restos de sus difuntos y encontraban que habían sido movidos de bóvedas, sin previa notificación, muchos menos autorización. 

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“Es allí cuando empiezan a hacerse evidentes los malos manejos tanto administrativos, como de movimiento de cuerpos. Hoy vemos a dónde ha parado todo”, recuerda el concejal Jair Díaz, quien en ese momento asumió la vocería de los afectados ante el ayuntamiento capitalino y pidió medidas para corregir la situación. 

Por estos hechos, la administración de Jairo Yáñez radicó en 2023 una denuncia formal en Fiscalía contra José Vicente Leal Dávila, administrador del cementerio, quien fue señalado de obligar y recibir esos cobros extras; pero además fue acusado de destruir material de archivo, que tenía que ver con registros históricos de propietarios de bóvedas, resteros, osarios, así como de inhumaciones y exhumaciones de particulares, además de cuerpos no identificados (CNI) y cuerpos identificados no reclamados (CINR). 

Pero esta denuncia es apenas la punta del iceberg en un cúmulo de faltas e irregularidades por malas prácticas en el manejo y disposición final de cadáveres. En ese sentido,  el jurista Carlos Jaimes explicó que por la evidencia hallada en el cementerio municipal ha habido violación a normas éticas, morales y legales por manejo inadecuado e irrespetuoso de restos mortales. 

La situación se vuelve más crítica al haber cuerpos de personas no identificadas. Estos casos requieren un tratamiento distinto, que también fue vulnerado. 

Según el jurista, aquí deben empezar a responder en principio todos los funcionarios que han pasado por la administración municipal desde el año 1999-2000 –es decir, al menos siete ex alcaldes-  cuando empezaron a registrarse las primeras denuncias de desaparición por cuenta del conflicto armado entre guerrillas y grupos paramilitares. 

Pero además de los funcionarios públicos, también estarían en fila los encargados de la administración directa del cementerio -los que estaban en el sitio- quienes al final eran los responsables de tomar las decisiones y ejecutarlas en el momento. Entre los que estaría Guillermo González Amarilla, responsable del camposanto por 29 años. 

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Necesario ordenamiento

Ante el caos, el orden.  En este sentido, en el marco del trámite judicial, ante la JEP fueron radicadas denuncias en contra de antiguos administradores del cementerio, que llevaron al cumplimiento de las órdenes dictadas por la sección, como construir el muro de encerramiento que había colapsado, así como nuevas bóvedas, según informó el organismo de justicia y paz. 

Asimismo, como parte de las exigencias de la JEP se adelantó la digitalización y sistematización parcial de 129 de 132 cajas con casi 45 mil licencias de inhumación. Además, avanzó en la marcación de los sitios de reposo de cuerpos no identificados y cuerpos identificados no reclamados.

El orden que debe existir en el caso de las víctimas del conflicto, también se reclama para el tratamiento de los difuntos que no entran en ese régimen y que, literalmente, han sido metidos en el mismo saco –o mejor osario- y arrumados en improvisadas bodegas con CNI y CINR. 

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