He pasado días sentada frente a este título intentando buscar los distintos puntos de vista y organizar mis ideas. Me levanto, hago un café, me quedo en frente de esta página en blanco, seguramente si la respuesta fuera un sí contundente no costaría tanto escribir este artículo. En el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander hemos contribuido desde hace dos años con distintos análisis sobre los derechos de las mujeres y población LGBT, colombianas y venezolanas; una línea de estudio constate es la seguridad, los riesgos y amenazas que enfrentamos a nivel departamental por lo que voy a centrarme en esta temática. Quiero ser directa: en Cúcuta las mujeres vivimos una situación de emergencia humanitaria producto de la sistematicidad de la violencia, la inseguridad y la exclusión social esta que refuerza. Las mujeres en la ciudad no contamos con garantías para derechos tales como la vida, la seguridad humana, el libre desarrollo de nuestra personalidad, la salud, la justicia, la libertad y la vida libre de violencias.

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Desde el 1 de enero de este año a corte del 18 de diciembre hemos identificado más de 800 víctimas de violencias de género, datos que aparecerán en nuestro próximo boletín a publicarse en febrero del año entrante. Esta información la hemos generado en trabajo articulado con distintas comunidades que nos comparten la cotidianidad de sus escenarios de violencias y frustración frente a la inacción estatal para prevenir y reparar el daño causado. Que Cúcuta es una ciudad insegura es algo que damos por sentado, una conversación ya concluida que cuenta con distintos escenarios institucionales de discusión y estudios que lo corroboran. Que Cúcuta es una ciudad insegura para las mujeres es algo que todavía, quienes estamos en esta arena de trabajo, tenemos que empujar para que sea visible y se tome con la seriedad del caso. No podemos quedarnos en análisis abstractos, debemos aterrizarlos a los cuerpos de las mujeres, en su diversidad, que habitan este territorio.

En el barrio Camilo Daza, por ejemplo, la convivencia ciudadana es precaria lo cual se manifiesta en la presencia de los vecinos como unos de los principales agresores de mujeres, exactamente el 20% en violencias físicas, 21% en violencias sexuales y el 23% en violencias económicas-patrimoniales. De acuerdo con el testimonio de una lideresas del sector, es común que vecinos busquen tomarles fotos a las mujeres mientras ellas usan el baño de sus hogares, especialmente cuando estos espacios dan hacia las calles, constituyéndose como actos claros de acoso sexual. En otro sector de la ciudad, exactamente el Parque Mercedes, la inseguridad contra las mujeres es permanente, trabajadoras sexuales transgénero nos han informado reiteradamente sobre la presencia de celadores encargados, por parte de las organizaciones criminales, de controlar las cuadras, produciendo que muchas se desplacen forzosamente de ese sector debido a que la sistematicidad de violencias contra ellas se ha vuelto insostenible.

Efectivamente, contamos con una Alcaldía que, a través de su Secretaría de Equidad de Género, ha integrado programáticamente el objetivo de desarrollo sostenible 5 para la igualdad de género y la erradicación de cualquier forma de discriminación o violencia. De ahí se desprenden los distintos esfuerzos por llegar a las comunidades por medio de, por ejemplo, ferias de servicios para acercar a las mujeres más vulnerables a la oferta del Estado en torno a la garantía, protección y restitución de sus derechos. Este es un esfuerzo considerable teniendo en cuenta el contexto previo donde las jefaturas de despacho medían su compromiso con las mujeres por el número de tortas o mercados entregados en fechas conmemorativas. Sin embargo, la labor de la veeduría ciudadana es vital pues permite hacer una evaluación real de su impacto, evidenciando desafíos. En este sentido, nos alerta que en uno de los espacios donde conocemos que se ha focalizado el trabajo institucional, como es el Parque Mercedes, las mujeres no solo presenten ciclos de violencia constantes y crueles, sino que los índices de acceso a servicios de justicia y salud son de los más bajos que hemos registrado, un 18% y 14% respectivamente. Además el índice de revictimización es el más alto documentado a la fecha: un 68%, lo que pone en cuestión el impacto real de las acciones gubernamentales. 

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Esta falta de contacto del Estado con las mujeres se reitera en los distintos escenarios locales evaluados: La Fortaleza, Camilo Daza, Colombia Uno, Parque Mercedes, Parque Nacional, el área metropolitana de la ciudad con Los Patios, Villa del Rosario, Puerto Santander y la compleja zona rural de la ciudad. Además, nos alerta sobre los reiterados abusos de poder por parte de agentes de Policía contra mujeres en escenarios de prostitución, quienes nos han informado sobre constantes agresiones físicas, agresiones psicológicas, abusos sexuales y extorsiones. Ellas nos dicen que la situación es aún peor contra las mujeres habitantes de calle, quienes además están siendo desaparecidas (todavía desconocemos por quién) sin que nadie lo denuncie. Desde el Observatorio hemos participado con nuestros análisis y datos en escenarios institucionales donde se ha convocado a Policía para que esclarezca lo ocurrido, pero no asisten, tampoco responden los requerimientos enviados por entidades de control. El perpetuo no sabe, no responde, no le interesa.

Con este panorama no puedo concluir que Cúcuta sea una ciudad garante de vida y protección para las mujeres. Falta mucho y la intencionalidad del gobierno local todavía no se traduce en cambios materiales en la vida de las que habitamos la ciudad frontera, especialmente de las más vulnerables quienes componen la gran mayoría. Mientras no contemos con esa condición básica para vivir dignamente, los esfuerzos seguirán siendo palabras agradables que pronunciadas desde escritorios de oficina. No estoy siendo dura, el contexto no permite complacencia pues desde el año pasado hemos reiterado que las mujeres vivimos nuestra propia crisis humanitaria producto de la violencia. Les recuerdo que esas más de 800 víctimas registradas no son una cifra, el sufrimiento no cabe en un número o un porcentaje. Tampoco cabe la impunidad y desinterés que recibieron la mayoría de ellas.  

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