El reclutamiento forzado y el uso y utilización de menores de edad por parte de los grupos armados ilegales ha sido por años un crimen de guerra y una de las peores formas de trabajo infantil, no solo en Colombia sino en el mundo.
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En la actualidad, se desconoce la cifra total de los menores víctimas de este flagelo; sin embargo, el Observatorio de Memoria del Conflicto (OMC), del Centro Nacional de Memoria Histórica, registra al menos 17.953 niños, niñas y adolescentes a quienes se les han vulnerado sus derechos a la vida, a la libertad, a la educación y a recibir una atención médica.
Si bien en cada caso las realidades son diferentes, es claro que no hay una decisión en el hecho de hacer parte de estructuras criminales, siempre esa vinculación es forzada por el actor ilegal y suele estar determinada por la falta de oportunidades que tienen los menores, quienes, muchas veces y de manera errónea, ven en las filas una opción para mejorar sus condiciones de vida. Municipios como Cúcuta, que históricamente han sido impactados por la violencia, no se escapa de este panorama.
“El reclutamiento forzado, como lo ha advertido la alerta temprana 035 de 2020, en Norte de Santander y en Cúcuta es una realidad; sin embargo, por las escazas cifras de denuncias, y por los sub registros que hay es importante establecer alternativas o herramientas que combatan directamente este flagelo, sin necesidad de pedir el reporte de los casos.
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Una de las alternativas es de la alcaldía, que ideó la estrategia ‘1,2,3 Por la Paz’ que es liderada por el equipo de Acción Inmediata y por el componente de prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes”, explica Elisa Montoya Obregón, secretaria de Posconflicto y Cultura de Paz.
Hasta la fecha, más de 5.000 (NNA), ubicados en barrios y corregimientos de la ciudad, se han beneficiado de esta estrategia en la que a través de talleres pedagógicos y lúdicas aprenden cómo actuar ante posibles propuestas de grupos delincuenciales, reconocen la importancia de acceder a la educación e identifican cuál es la ruta que deben seguir en caso de sentirse amenazados. De manera simultánea, la jornada permite identificar casos, redireccionar otros y actuar de forma inmediata para proteger a los menores.
“Esta estrategia nació de la mano con el proyecto de Entornos Protectores que semanalmente visita comunidades de la ciudad para acercar a los habitantes los servicios institucionales; en esa labor, identificamos la alta afluencia de menores de edad a las jornadas, una oportunidad para hablarles a ellos sobre el riesgo que los rodea. ‘1, 2, 3, Por la Paz’ creció a tal punto que ahora es solicitada por los líderes comunales de la ciudad y por entes privados y públicos”, agrega Montoya Obregón.
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De la mano de esta iniciativa y con el objetivo de generar ambientes seguros para niños, adolescentes y jóvenes, la Secretaría de Posconflicto también brinda capacitaciones y asistencias técnicas a organizaciones como la Fundación Nacional Batuta. Nataly Barrero, enlace municipal de víctimas y una de las psicólogas que imparte el taller cuenta que: “Lo que estamos haciendo es explicarles a los funcionarios cuál es la ruta de atención que deben seguir en caso de recibir (NNA) víctimas del conflicto armado o con amenazas de reclutamiento. Una buena orientación previene posibles riesgos o actos delincuenciales”.
¿Qué pasa en la zona rural?
Actualmente, muchos de los grupos armados organizados que operan en el municipio de Cúcuta, lo hacen desde las veredas y corregimientos de la zona rural. Lo que supone, entre muchos otros hechos victimizantes, una amenaza para los menores a quienes buscan cautivar para ingresar a sus filas.
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Realidad que ha motivado la presencia y el acompañamiento constante de la Alcaldía de Cúcuta a través de jornadas como la de Activación de Ruta de Prevención Urgente que se llevó a cabo en el corregimiento de Buena Esperanza. “Esta es una actividad organizada por la Secretaría de Posconflicto, con el apoyo de los demás despachos de la Alcaldía, cooperantes internacionales como Acnur y Bethany y entidades como el ICBF y la Defensoría del Pueblo, en la que además de prestar los servicios institucionales que requiere la comunidad brindamos talleres de prevención de reclutamiento y de promoción de derechos a niños, adolescentes y jóvenes”, detalla el enlace municipal.
Yeferson Mora*, estudiante de décimo grado y uno de los asistentes a la jornada, cuenta que es la primera vez que recibe información relacionada con el tema. “A nosotros acá a veces nos visitan organizaciones y nos dan charlas, pero nunca nos habían hablado del reclutamiento. Para nosotros ya es normal verlos a ellos en el camino, ya los reconocemos y hace parte de la rutina, pero es importante saber cómo actuar en caso de que nos hagan una propuesta. Acá hace falta más acompañamiento en ese aspecto”.
*Nombre cambiado para proteger la seguridad del menor.
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