Transcurridas más de 24 horas del misterioso desmonte de 11 bandas reductoras de velocidad en el sector de El Malecón de la avenida Los Libertadores, ningún organismo ni de seguridad ni de control del Estado había sido notificado de manera formal, a pesar de que desde la administración municipal, específicamente la Secretaría de Tránsito, lo calificó como un acto vandálico. 

“Tenemos tres caminos: abrir una indagación preliminar, una actuación especial de fiscalización o incluirla dentro de la auditoría que venimos desarrollando este año, yo creo que finalmente vamos a tomar esa ruta”, dijo Oscar Sandoval, contralor municipal, frente a esta irregularidad. 

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Asimismo, Sandoval señaló que en vista de la forma cómo se dieron los hechos y ante los señalamientos del secretario de Tránsito, Joan Botello, “la Alcaldía debería iniciar una investigación a fondo, articulada con la Fiscalía y la Secretaria de Seguridad Ciudadana, para buscar el origen del vandalismo, como ellos mismos lo reportan”, dijo. 

¿Material probatorio? 

Mientras la administración municipal sigue sin pronunciarse de manera formal sobre el caso, en las últimas horas comenzó a circular un video que correspondería presuntamente al momento en que hacían el retiro de los reductores de velocidad en una de las secciones de El Malecón que fueron intervenidas recientemente, como parte del proyecto de mejoramiento que dejó en curso el alcalde Jairo Yáñez. 

En el clip, que dura 14 segundos, se aprecia una cuadrilla de obreros, tres de ellos vestidos de jean, camisa azul, chalecos reflectivos y portando casco de seguridad blanco, mientras que un cuarto hombre esta agachado, presuntamente haciendo las labores propia de retiro del reductor. El cuadro se completa con una camioneta blanca, parqueada a un costado de la vía, con las luces de seguridad encendidas. 

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Por todas las características descritas, la escena dista mucho de ser un acto vandálico, una hipótesis que algunos no compran del todo. 

En este sentido, Sandoval señaló que desde la Contraloría se dedicarán a revisar bien, porque “si hay la inquietud de que fue alguien de la administración y se llegara a comprobar que fue así pues cabría la posibilidad de abrir un procedimiento fiscal, porque se constituiría un daño al bien público”, dijo. 

Colocación indebida

Más allá de la polémica sobre la utilidad de los reductores de velocidad,  existe un trasfondo jurídico en torno a estos dispositivos viales que todavía no se ha resuelto. 

Martín Santos, abogado y veedor ciudadano, explicó que la colocación de estos reductores -que representó una inversión extra de 182 millones de pesos- constituye en sí misma una irregularidad, pues se hicieron sin los estudios técnicos correspondientes, “y en gracia de discusión debió organizarse a través de un contrato independiente”, enfatizó. 

Mencionó que el contrato de las mejoras a los separadores de El Malecón, dentro del cual se incluyeron los reductores, está en proceso de liquidación, aceptarlo como está implicaría problemas para la Alcaldía “porque no es inherente a la obra y eso sí genera algún tipo de responsabilidad de carácter fiscal”, afirmó. 

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Indicó que dado el poco beneficio que representaban para la ciudadanía, hay mecanismos para desmontarlos legalmente; pero ahora con el hecho de la presunta vandalización, la Alcaldía no solo habría pecado por acción sino también por omisión, dada la negligencia de la autoridad municipal y pública para actuar frente a un acto de esta naturaleza.  

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