Utilizando la propuesta de la Simulación de las Naciones Unidas (SAMUN), estudiantes de sexto semestre del programa académico de Derecho de la Universidad Simón Bolívar, hicieron un abordaje de los desafíos que enfrenta la humanidad en el camino hacia el desarrollo normativo del derecho a un medioambiente limpio, sostenible y saludable.

El cambio climático ha sido tema de profundos y complejos debates en el mundo. Su estudio abarca todas las ciencias y ha exigido extensos análisis desde diversas ramas y disciplinas, entre ellas, la jurídica. 

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Según Juan Pablo Jaimes Villamizar, profesor e investigador del programa académico de Derecho de la Universidad Simón Bolívar, desde un punto de vista jurídico, el cambio climático plantea cuestiones éticas y de responsabilidad. Por ejemplo, hay debates sobre el deber de las empresas y los países que históricamente han contribuido más a las emisiones de gases de efecto invernadero.   

Jaimes, quien es doctor en Derechos Humanos y Garantías, señaló que los sobresaltos climáticos que están generando desastres naturales, hoy movilizan a diferentes actores y países a implementar leyes, ratificar acuerdos internacionales y, desde el marco legal interno, a emitir conceptos jurisprudenciales que trazan tendencias hacia un ambiente más limpio, sostenible y saludable.

En el 2022, la  Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano y afirmó que la promoción del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible requiere la plena aplicación de los acuerdos multilaterales relativos al medio ambiente con arreglo a los principios del derecho ambiental internacional, por lo cual exhortó a los Estados, las organizaciones internacionales, las empresas y otros interesados a que adopten políticas, aumenten la cooperación internacional, refuercen la creación de capacidad y sigan compartiendo buenas prácticas. Pero ¿los países están cumpliendo sus tratados? 

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En regiones latinoamericanos como Colombia, las constituciones avanzan y se enfilan hacia una tendencia que apunta a que cada vez más surjan leyes proteccionistas del medioambiente, poniendo la naturaleza en el centro para proteger la vida misma de las personas; lo que podría denominarse a futuro como un “Estado ambiental de derecho”, pero más allá de las reflexiones, es complejo que las regulaciones ambientales se cumplan a cabalidad, o que lo mismo pase con la protección de recursos naturales.

La ONU atribuye a los fenómenos como tormentas, maremotos, tsunamis, incendios, deshielos y efecto invernadero, entre otros, a la falta de conciencia por la contaminación producida por las grandes industrias que carecen de rigurosos controles en sus prácticas medioambientales, por ello insiste en que los países cumplan los acuerdos internacionales, mientras tanto, siguen ocurriendo litigios por daños ambientales, en los que se exigen compensaciones por los daños causados. 

La alerta de Naciones Unidas se produce porque sigue latente la amenaza que representa para la vida el cambio climático, un hecho que ya es una realidad.

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Un informe de la agencia de la ONU de meteorología indica que las temperaturas mundiales alcanzarán niveles récord impulsadas por los gases de efecto invernadero y por el fenómeno natural de El Niño, lo que tendrá repercusiones en la salud, la seguridad alimentaria y el medio ambiente. Además, alertan sobre el calentamiento del Ártico y el cambio en los patrones de precipitaciones a nivel global.    

Samun como herramienta pedagógica

Con el fin de abordar este tema, el profesor Jaimes realizó con sus estudiantes del curso Derecho Ambiental de la Unisimón un análisis del alcance del derecho de los seres humanos a tener un ambiente sano, saludable y sostenible basado en la Resolución 76/300 de 2022 de la ONU, la cual fue ratificada por Colombia.

Este estudio académico se abordó bajo la propuesta de la Simulación de las Naciones Unidas (Samun), una herramienta pedagógica que sirve para la construcción de un espacio seguro con una educación incluyente y diversa.

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En dicha sesión, los estudiantes consideraron los puntos a favor y en contra que vienen trabajando varios países, en procura de estar alineados a lo que dicta la citada resolución. Estas fueron las conclusiones.

Uruguay

En concordancia con el mandato Constitucional este país se hace copatrocinador de la Resolución 76/300 de 2022 y la ratifica, incorporando sus disposiciones en su legislación nacional, comprometiéndose con la adopción de medidas legislativas, administrativas, judiciales y educativas para asegurar el acceso a la información.

Perú

Su Constitución Política de 1993 reconoce el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, estableciendo que es un deber del Estado promover la conservación de la diversidad biológica y el acceso a los recursos naturales. 

Suiza

Este país ratifica su compromiso con la Iniciativa Glaciar, presentada por la Asociación Suiza de Protección del Clima, el 27 de noviembre de 2019. La iniciativa prevé la inserción de un nuevo artículo constitucional sobre Política Climática (Art. 74a BV), que requiere que, a partir de 2050 no emitirá más gases de efecto invernadero de los que se pueden almacenar permanentemente en sumideros seguros.

Francia

Es uno de los países más contaminantes de Europa, y ha sido objeto de críticas por parte de la comunidad internacional debido a sus altos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero y su falta de medidas efectivas para luchar contra el cambio climático.

No obstante, gracias a las medidas protectoras implementadas por las autoridades de este país, se ha visto una disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero y una mejora en la calidad del aire en las ciudades más contaminadas, como París y Lyon. 

Chile

Ha desarrollado talleres y capacitaciones para los diferentes municipios, oficinas de participación ciudadana, miembros de la comunidad en general e instituciones ambientales con el propósito de que adquieran un conocimiento más acentuado de los estándares y objetivos del tratado, así como la forma de implementarlo y desarrollarlo a nivel nacional.

Panamá 

Afirma su compromiso y fortalece subsidiariamente la garantía y protección de un ambiente sano en el marco de las convenciones que ha suscrito en años anteriores a través de las Naciones Unidas, lo que le permite trabajar de manera objetiva sobre aspectos relevantes para la conservación de un ambiente sano entre los que se destacan el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030.

Además de los anteriores países, se estudiaron en la sesión las aportaciones ambientales en Alemania, España, Bulgaria Costa Rica, Ecuador, Honduras, Republica Dominicana y Guatemala, reconociendo por primera vez a nivel global, el ambiente limpio, sano y sostenible, como un derecho humano.

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