Quien gane el 21 de junio la segunda vuelta de las elecciones a la presidencia recibe una economía que creció apenas 2,2% en el primer trimestre de 2026, impulsada casi exclusivamente por el gasto público y el consumo interno.

Los motores tradicionales, que son el agro, la construcción, el petróleo, andan fríos o en reversa. Además, la formación bruta de capital, que mide qué tanto está invirtiendo el país en su futuro, toca mínimos de dos décadas. Y la deuda externa equivale al 55% del tamaño de toda la economía nacional.

Eso no es todo. El déficit fiscal cerró 2025 en 6,4% del PIB. La inflación lleva cuatro años fuera del rango del Banco de la República y los analistas proyectan que cerrará 2026 en 6,45%, muy lejos de la meta del 3%. Asimismo, el Emisor ya respondió subiendo su tasa de interés 200 puntos básicos, de 9,25% a 11,25%, lo que encarece el crédito para empresas y hogares.

Así las cosas, el reto es grande para quien sea el nuevo presidente, Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda. Por eso, seis centros de pensamiento: Anif, el Consejo Privado de Competitividad, el Centro Regional de Estudios Energéticos, Así Vamos en Salud, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos y la Fundación para el Estado de Derecho, se unieron bajo la iniciativa Colombia Progresa 2630 para hacer un diagnóstico y proponer acciones concretas para mejorar en cinco frentes: política fiscal, salud, energía, infraestructura y empleo.

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1. El incendio más grave: finanzas Públicas

Un déficit fiscal es la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que recauda. Cuando ese hueco equivale al 6,4% del PIB, como ocurre hoy en Colombia, el Gobierno tiene que endeudarse para pagar sus cuentas. Con el tiempo, esa deuda se vuelve más cara, los inversionistas pierden confianza, el peso se debilita y el margen para atender necesidades sociales se estrecha. Desde Anif calculan que el próximo gobierno necesita recortar el desequilibrio fiscal en cerca de tres puntos del PIB. Ese ajuste debe venir de dos fuentes simultáneas: menos gasto y más recaudo.

Una de las decisiones más polémicas del gobierno de Gustavo Petro fue suspender la regla fiscal, el mecanismo que obliga al Estado a no gastar más de lo que puede pagar. Los expertos de los centros de estudios insisten en que el próximo mandatario debe restablecer esa regla y darle más dientes al Comité Autónomo que la vigila, para que pueda frenar decisiones de gasto que pongan en riesgo las finanzas del país.

En ese orden, el candidato Abelardo De la Espriella apuesta por reducir el gasto, fusionar entidades, eliminar duplicidades administrativas y recortar contratos de prestación de servicios. En materia tributaria, propone bajar la carga sobre las empresas y modernizar la Dian para reducir la evasión sin subir tarifas.

Iván Cepeda, en cambio, pone el énfasis en mejorar el recaudo, gravar grandes fortunas, reducir exenciones a empresas de mayor tamaño y redirigir los recursos hacia inversión social bajo lo que llama una “Austeridad Republicana”.

Los técnicos de Colombia Progresa 2630 no respaldan ningún candidato, pero sí advierten que cualquier estrategia que dependa de una sola palanca, solo gasto o solo impuestos, tiene pocas probabilidades de funcionar. El ajuste debe ser mixto y debe comenzar pronto. Cada año de demora profundiza el hueco fiscal.

2. El sistema de salud, al borde del colapso

Colombia tiene uno de los sistemas de salud más reconocidos de América Latina en términos de diseño institucional. Pero eso está fallando en la práctica, ya que las EPS, las entidades que administran los recursos y contratan los servicios, acumulan deudas con hospitales y clínicas. Eso se traduce en servicios demorados, citas canceladas y una avalancha de tutelas que los colombianos usan como último recurso para que los atiendan.

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Anif identifica tres problemas centrales. Primero, la Unidad de Pago por Capitación (el dinero que el Estado le gira a cada EPS por cada afiliado) no alcanza para cubrir los costos reales de la atención. Segundo, los mecanismos de control del gasto son débiles. Tercero, el sistema no tiene los instrumentos suficientes para gestionar bien el riesgo en salud, es decir, para anticipar cuánto van a costar los pacientes y reservar los recursos correspondientes.

De la Espriella defiende mantener las EPS, pero someterlas a auditorías rigurosas, poner topes al gasto administrativo y fortalecer la red hospitalaria pública. Su argumento es que el problema no es el modelo sino la falta de vigilancia. Propone también usar herramientas digitales para mejorar la continuidad de la atención.

Cepeda quiere ir más lejos, eliminar la intermediación financiera y girar los recursos directamente a hospitales y centros de atención primaria. Su énfasis está en los territorios rurales, donde el acceso a la salud sigue siendo precario. Este camino implica redefinir por completo el papel de las EPS en el sistema.

Lo que los expertos de Colombia Progresa 2630 piden, independientemente del modelo, es que el próximo presidente garantice la sostenibilidad financiera del sistema. Sin plata suficiente y sin control del gasto, ningún esquema institucional funciona.

3. La energía, entre el apagón y la transición

Colombia genera más del 70% de su electricidad con agua. Eso funciona bien en años normales, pero cuando llega el fenómeno de El Niño y los embalses bajan, el sistema entra en alerta. A esa vulnerabilidad estructural se suman otros tres problemas: el país está perdiendo autosuficiencia en gas natural, los proyectos de nueva generación eléctrica se demoran en entrar en operación y la demanda sigue creciendo.

Por eso, Colombia Progresa 2630 describe la combinación como “peligrosa”. El riesgo de desabastecimiento no es hipotético; ya se han visto restricciones en la distribución de gas y alertas sobre el nivel de los embalses. Y si la energía falla, la economía para.

Los centros de pensamiento identifican al menos cuatro obstáculos concretos: la ausencia de Proyectos de Interés Nacional Estratégico (PINES) para agilizar trámites, tiempos de conexión para proyectos solares que superan los 1.000 días, retrasos de más de cuatro años en la expansión de redes de transmisión y un deterioro financiero severo en empresas como Air-e, que acumula pasivos superiores a $2 billones.

Además, los ingresos de Ecopetrol y los impuestos del sector de hidrocarburos representan una porción relevante de los recursos con los que el Estado financia la salud, la educación y las transferencias a los municipios. Eso hace que cualquier decisión sobre el futuro del petróleo tenga consecuencias fiscales directas.

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De la Espriella defiende continuar la producción de hidrocarburos, incluyendo el fracking, como sustento fiscal del Estado. Cepeda quiere acelerar la transición energética con restricciones a nuevos proyectos extractivos de largo aliento.

Los expertos de Colombia Progresa 2630 piden que el próximo gobierno apoye la producción de hidrocarburos y carbón en zonas productoras para sostener los ingresos fiscales mientras avanza la transición, y proponen liberar el precio del diésel para dar vía libre a hasta $8 billones que servirían para cancelar deudas del sector público y modernizar la infraestructura eléctrica en el Caribe.

Además, plantean implementar Subastas de Nivel de Servicio para llevar energía a más de 1,3 millones de hogares que hoy no tienen acceso, especialmente en zonas donde los costos son altos y la calidad es baja. Esa brecha, señalan, no solo impide el acceso a la iluminación o la refrigeración, también limita el funcionamiento de escuelas, puestos de salud y sistemas de agua potable.

4. Infraestructura, la deuda que tiene nombre y apellido

Colombia lleva décadas acumulando un rezago en obras civiles que le cuesta caro. Las carreteras en mal estado elevan los costos de transporte, encarecen los alimentos y hacen que los productos colombianos lleguen más caros a los puertos. Eso reduce la competitividad del país frente a sus vecinos y frente a los mercados internacionales.

Asimismo, el sector privado ha reducido su disposición a invertir en proyectos de infraestructura en Colombia por la incertidumbre contractual, los cambios de reglas y los litigios que se acumulan en los tribunales de arbitramento. Recuperar esa confianza es tan importante como conseguir los recursos.

Colombia Progresa 2630 pide que el próximo presidente atienda simultáneamente cuatro frentes: restablecer la confianza contractual del Estado, diversificar las fuentes de financiamiento, priorizar los proyectos de mayor impacto y recuperar la red de vías terciarias, que son los caminos rurales que conectan a los campesinos con los mercados.

De la Espriella apuesta por ampliar el esquema de Alianzas Público-Privadas y atraer más capital privado con reglas definidas y reducción de trámites. Su argumento es que el Estado no tiene los recursos para hacerlo solo y que el sector privado puede moverse con más eficiencia.

Cepeda pone el énfasis en las vías terciarias bajo el esquema “Vías para la Paz”, con ejecución directa a través de juntas de acción comunal y organizaciones comunitarias. Además, prioriza el transporte ferroviario, la movilidad eléctrica y el transporte intermodal como herramientas de transición ambiental.

Lo que coincide en ambos programas, aunque con distinta intensidad, es que la infraestructura no puede seguir siendo la cenicienta del presupuesto.

5. Empleo y competitividad, el nudo de la informalidad

El desempleo cayó a 8,8% en abril de 2026, el nivel más bajo para ese mes desde 2001. La cifra suena bien, pero esconde un problema mayor, ya que el 55% de los ocupados en Colombia trabaja en la informalidad, es decir, sin contrato, sin pensión, sin caja de compensación, sin seguridad social. Eso significa que más de la mitad de los trabajadores colombianos están por fuera del sistema que supuestamente los protege.

El alza del salario mínimo de 23,7% para 2026, la más alta en muchos años, tuvo un impacto directo en ese cuadro. Fenalco calculó que dos de cada tres empresas redujeron su planta de personal durante este año. Cuando contratar formalmente se vuelve muy costoso, muchos empresarios optan por no contratar o por hacerlo por fuera de la ley.

De la Espriella propone bajar la carga tributaria y regulatoria sobre las empresas, crear incentivos directos a la contratación y formar a los trabajadores en tecnología y habilidades digitales. Su argumento es que la formalización solo funciona si es económicamente conveniente para el empleador. Para eso, plantea revisar varias de las medidas adoptadas durante la administración Petro que, según su programa, redujeron los incentivos a la inversión.

Cepeda apunta a la formalización a través de la expansión de los derechos laborales y la continuación de la agenda del gobierno saliente. Su propuesta más visible en este frente es el programa “Te pagamos por estudiar”, que ofrece apoyos económicos a estudiantes de básica, media y educación superior como vía para romper los ciclos de exclusión laboral y pobreza. Su enfoque parte de la premisa de que el mercado por sí solo no puede generar la inclusión productiva que necesita el país.

Los expertos de Colombia Progresa 2630 señalan que la informalidad es, en parte, consecuencia de una carga tributaria y prestacional que hace que formalizarse sea costoso para las empresas pequeñas. Reducir esas fricciones es indispensable para generar los círculos virtuosos de crecimiento que Colombia necesita.

Tomado de El Colombiano.

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