La Contraloría General de la República alertó este lunes sobre retrasos en la asignación y pago de subsidios para los servicios de aseo, acueducto y alcantarillado en el país.
Según el ente de control, 361 municipios no cumplen con la destinación mínima del 15% de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, lo que impacta a la población de estratos 1, 2 y 3.
Además, evidenció atrasos de hasta 360 días en los pagos que las alcaldías deben hacer a los operadores de estos servicios, afectando su sostenibilidad financiera y la continuidad de la prestación.
Lea aquí: Álvaro Leyva aseguró que Francia Márquez no es ninguna pintada en la pared
La Contraloría Delegada para el sector Vivienda y Saneamiento Básico analizó las respuestas enviadas por el Ministerio de Vivienda, la Superintendencia de Servicios Públicos y empresas prestadoras de servicios públicos, encontrando que, al 30 de septiembre de 2024, 361 municipios no estaban asignando el porcentaje mínimo de recursos para subsidios y 145 no presentaron reportes.
El ente de control señaló que esta situación incumple lo establecido en la Ley 1176 de 2007 y pone en riesgo la continuidad del servicio para la población más vulnerable.
Los retrasos en el pago de subsidios alcanzan en promedio los 60 días, pero en algunos casos llegan a 360 días, lo que afecta la estabilidad financiera de los operadores de servicios públicos.
Un caso reportado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es el de la empresa Aguas de la Península S.A. E.S.P., que ha tenido que solicitar recursos adicionales a su casa matriz debido a demoras en los pagos por parte de la Alcaldía de Maicao.
La Contraloría advirtió que la deuda acumulada con los operadores de acueducto, alcantarillado y aseo asciende a $180.505 millones al 31 de diciembre de 2024, lo que compromete la continuidad del servicio en varias regiones.
En algunos municipios, la cartera pendiente incluye hasta 75 cuentas de cobro por $5.671 millones en subsidios de acueducto y alcantarillado, mientras que en otros se adeudan $4.060 millones por aseo.
Además, la demora en los pagos impacta la operación de los rellenos sanitarios, que ya enfrentan problemas de capacidad, generando riesgos ambientales y de salud pública debido a la acumulación de lixiviados y la emisión de gases contaminantes.
La Contraloría recordó que, conforme a la Sentencia C-203 de 2020 de la Corte Constitucional, las entidades territoriales están obligadas a garantizar el uso eficiente y oportuno de los recursos del Sistema General de Participaciones para asegurar la prestación de estos servicios esenciales.
En respuesta a esta problemática, el ente de control anunció que realizará ocho auditorías en el primer semestre de 2025, abarcando 32 municipios en siete departamentos, para verificar la correcta aplicación de los recursos y tomar medidas frente a los incumplimientos detectados.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .
