El bloqueo vial de los productores de cebolla el pasado miércoles en el centro de Bogotá, y el cierre por dos días de la Troncal de Occidente en el Carmen de Bolívar hace una semana parecen confirmar la tesis de que el cierre de calles y carreteras se está volviendo costumbre cuando ciertos grupos o sectores quieren obtener algo del Gobierno.

Aunque menos publicitados que el paro minero y campesino de octubre y la protesta de transportadores de comienzos de septiembre estas dos manifestaciones bien pueden agregarse al inventario de inmovilizaciones que contabiliza el país en los últimos 21 meses.

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El fenómeno es de tal magnitud que la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) estableció un tablero de medición denominado “bloqueómetro”.

El contador de la agremiación precisa que entre enero de 2023 y septiembre de este año se han ejecutado 1.363 bloqueos, siendo los departamentos del Caribe los más afectados.

En las cuentas de Colfecar las pérdidas, por estas vías de hecho por parte de las comunidades en las diferentes regiones colombianas, totalizan $6,1 billones. “En esta cifra solo se están contemplando los bloqueos en vías nacionales y no en las vías terciarias ni urbanas, por lo tanto la cifra es mucho más alta”, anotó el gremio transportador.

Por su parte, Defencarga contabiliza en lo corrido de este año 1.052 afectaciones que desencadenaron en cierres de vías. Vale anotar que en esta lista se incluyen además de bloqueos de las comunidades, los mantenimientos viales y eventos deportivos, así como los desastres naturales, los siniestros en las carreteras y los problemas en la infraestructura.

Golpe al campo

Así como el sector transportador elabora el balance de los frecuentes cierres viales, los gremios de las actividades agropecuarias están entre los más perjudicados.

“Los bloqueos y los paros le vulneran los derechos a los ciudadanos y esto es parte del paisaje en Colombia. Se nos volvió paisaje bloquear una carretera”, es una expresión que se le ha escuchado a Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).En ese contexto, el sector avícola es uno de los que ha enfrentado graves afectaciones en 2024, principalmente como consecuencia de los bloqueos en las vías y olas de inseguridad en algunas regiones, que incrementan el riesgo de desabastecimiento de alimento para las aves y las dificultades para comercializar productos finales.

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Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, precisó que durante los bloqueos, aproximadamente 17 millones de aves no recibieron alimento, poniéndolas en riesgo de morir, lo que afectaría la oferta de productos avícolas para la población en general.

Esta situación se evidenció en Bucaramanga, Villavicencio y otras zonas, lo que incrementó la posibilidad de un alza en los precios de estos productos. Moreno instó a los manifestantes a permitir el paso de los alimentos, subrayando que la ruptura de la cadena de suministro tendría repercusiones en todo el país.

Por ejemplo, durante el paro de los transportadores de septiembre que se prolongó por cinco días, con 122 bloqueos en 24 departamentos, diferentes sectores económicos fueron seriamente afectados.

En el ámbito de la avicultura, cada día sin transporte incrementó la cantidad de aves sin alimento, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y el abastecimiento de pollo y huevo en todo el país.

La interrupción del transporte obligó a diversas plantas de beneficio a suspender operaciones, lo que causó una acumulación de subproductos como vísceras y sangre, generando un importante riesgo ambiental y sanitario.

Desde la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce) se anotó que el paro de septiembre coincidió con la salida de las cosechas de maíz y soya del primer semestre del año, tras lo cual los productores pasaron susto ante la incertidumbre de poder contar con insumos como fertilizantes y agroquímicos para las próximas siembras.

Protestas mineras

El mes pasado, el sector minero adelantó un paro que involucró a trabajadores de esa actividad en Antioquia, Córdoba, Boyacá y Bolívar. La movilización sirvió para que los mineros protestaran por la falta de avances en la formalización de su actividad y por las medidas estatales que han dificultado su labor.

Parte de la inquietudes las suscitó la futura creación de distritos mineros, las Áreas de Producción para la Producción de Alimentos (Appa), y la formalización e identificación de otras territorialidades campesinas (Tecam).

Desde algunos sectores se estima que las Appa, que priorizarán el uso agrícola del suelo para la producción de alimentos, plantearía limitaciones significativas a la capacidad de los municipios para destinar tierras a otros usos como la industria, el turismo y la vivienda.

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Las Appa significarían restricciones a la propiedad, anulando derechos adquiridos, limitando el uso del suelo para fines no agrícolas y afectando la capacidad de los propietarios para desarrollar sus tierras.

En ese contexto, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana, manifestó que el desafío no radica únicamente en la concientización, sino en garantizar que los compromisos adquiridos se traduzcan en acciones concretas. “Si no se tiene viabilidad en los procesos productivos, será muy difícil lograr la protección de la biodiversidad, lo cual no se debe limitarse a aumentar las áreas protegidas o a endurecer las leyes ambientales; que si bien son pasos esenciales, no siempre generan los resultados esperados”, dijo Lacouture.

Añadió que “un ejemplo de esta complejidad se evidenció en el reciente paro de comunidades mineras en ocho departamentos de Colombia, que generó bloqueos de carreteras y pérdidas estimadas en $100.000 millones de pesos”, explicó Lacouture al cierre de la COP16, en Cali.

“Las decisiones del Gobierno en torno a la minería, tomadas sin la debida concertación social, resaltan la necesidad de lograr consensos inclusivos entre todos los actores afectados”, enfatizó.

Para redondear el panorama, el pasado miércoles Cerrejón reportaba el enésimo bloqueo en la línea férrea de la compañía por parte de miembros de la comunidad de Tabaco, situación que afectaba el desarrollo normal de su operación férrea.

El viernes al anochecer, manifestantes del occidente de Bogotá, inconformes por la ejecución de algunas obras en esa parte de la capital del país, generaron un colapso en la movilidad, con congestiones de por lo menos 30 cuadras.

Así, los bloqueos no son exclusivos de zonas alejadas ni sectores específicos. Parecen ser la válvula de escape para expresar el descontento, sin considerar las elevadas pérdidas económicas que acarrean.

Tomado de El Colombiano.

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