Se presentaron renuncias por parte de funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por inconformidades en las decisiones de la entidad frente al caso de Alberto Merlano Alcocer, familiar de la primera dama, Verónica Alcocer y fuerte candidato para ser el próximo presidente de Ecopetrol.
Los funcionarios que renunciaron a la entidad fueron Alexander Sánchez, delegado para Asuntos Jurisdiccionales, y Grenfieth de Jesús Sierra, delegado para Protección de Datos, debido a su disonancia en el proceso del caso de Merlano, pues este, en 2012, recibió una sanción por parte de la SIC.
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En ese entonces, el candidato, que funcionaba como presidente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), recibió una sanción por $249 millones, porque se encontró evidencia que permite concluir que Alberto José Merlano Alcocer, miembro principal de la junta directiva de la EAAB desde el 25 de enero de 2012 hasta el 29 de mayo de 2013, y actual gerente general del Acueducto, colaboró, facilitó, autorizó y ejecutó la realización de una práctica restrictiva de la competencia que resultó en la violación de la ley.
Para poder hacer valer su candidatura a la presidencia de Ecopetrol, hace más de un mes, el 3 de noviembre, el sancionado solicitó a la SIC que la sanción fuera revocada, pues, durante la administración de Andrés Barreto en la Superintendencia ya había iniciado un cobro de jurisdicción coactiva.
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Merlano acudió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en búsqueda de hacer nula la sanción.
Sin sanción de la SIC, Alberto Merlano Alcocer tendría un camino más fácil para llegar a la presidencia de la petrolera, en remplazo de Ricardo Roa, quien además está pasando por varias investigaciones judiciales.
Según el reglamento de la SIC, cualquier trámite de revocatoria de sanción debe pasar por el control del comité de conciliación, que integraban Sánchez y Sierra, quienes renunciaron, como también Gabriel Turbay, secretario general; Diego Romero, jefe de la Oficina Asesora Jurídica; y Beatriz Sánchez, delegada de Control de Reglamentos Técnicos.
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El 9 de este mes el comité se reunió y los delegados que renunciaron aseguraron que la petición de Merlano, que invocaba una violación del debido proceso, no tenía ningún mérito, pues era un tema ya cerrado por la SIC.
Posteriormente, el candidato hizo llegar un nuevo comunicado a la Superintendencia en el que ya no invocaba la violación al debido proceso, sino un agravio injustificado. El pasado miércoles 18, Sánchez y Sierra se declararon impedidos por ya haber tomado determinaciones el 9 de diciembre.
El lunes presentó su renuncia voluntaria e irrevocable a la SIC. Ambos han sido reconocidos unos de los mejores funcionarios de la entidad, el primero recibió una mención de honor por su gestión hace pocas semanas.
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Con información del diario La República
