Los ciudadanos vienen denunciando desde hace algún tiempo ante la Superintendencia de Transporte el uso de plataformas para la prestación del servicio de transporte de manera ilegal.

A raíz de estas quejas, la entidad encontró mérito para imputar cargos contra las empresas Didi, Beat, Cabify y Fory, puesto que, presuntamente, estarían facilitando la violación de varias normas de transporte.

Después de hacer la respectiva investigación preliminar, la Superintendencia no encontró mérito para imputar cargos contra Liftit, por lo que se ordenó el archivo de la actuación en su contra.

El superintendente de Transporte, Camilo Pabón, aclaró que con neutralidad revisaron cada caso, y que a partir de los resultados se archivó la actuación contra Liftit.

Dijo que, como resultado de la indagación preliminar adelantada en relación con la sociedad Liftit S.A.S. (Liftit), la Superintendencia encontró que dicha empresa no se encuentra desarrollando actividades que en sí mismas vayan en contravía de las normas de transporte, o que faciliten su violación.

Al no evidenciar esta infracción de disposiciones vigentes en relación con la debida prestación del servicio público de transporte, se procedió a archivar el proceso.

“A diferencia de esta plataforma, sí hemos encontrado méritos para imputar cargos a las otras cuatro empresas y las multas podrían superar los $8.000 millones para cada una de ellas si se encuentra que son responsables de los cargos que se les han imputado”, agregó Pabón.

Los cargos

Según la Supertransporte, a Didi, Beat y Cabify, se les imputaron cargos por, presuntamente, facilitar la prestación de transporte con vehículos sin cumplir con las condiciones técnico-mecánicas que son exigidas ni los mantenimientos preventivos.

Además, facilitaron la prestación de un servicio público con vehículos que no están matriculados para ese fin, y con conductores que no tendrían la licencia de conducción para transporte público ni las capacitaciones ni los programas de medicina preventiva requeridos.

Finalmente, las empresas habrían facilitado la prestación de un servicio público sin contar con un plan estratégico de seguridad vial, sin los seguros que cubran los riesgos según las exigencias legales y sin estar constituidos ni habilitados, de acuerdo con los requisitos legales.

De ser encontradas responsables, estas empresas estarían sujetas a órdenes administrativas y ser multadas hasta con $8.602 millones.

En el caso de Fory, la imputación es porque, presuntamente, no suministraron la información requerida por la entidad, sin perjuicio de la investigación por otros posibles cargos.

Recursos

Contra la apertura de la investigación y la formulación del pliegos de cargos no procede ningún recurso.

Sin embargo, la Super manifestó que se van a garantizar los principios del debido proceso y el derecho a la defensa.

Además, desde la entidad precisaron que el procedimiento sancionatorio que se ha iniciado se adelantará conforme a los requisitos establecidos en la Ley.