El valle de lágrimas provocado por una espiral de violencia que toca a todos por igual en Colombia sigue siendo la pesada carga que todos llevamos en nuestra conciencia y corazón.

El dolor embarga a la familia campesina porque le asesinaron a su hijo o se lo reclutaron por la fuerza; la zozobra azota a la política porque hace un año se cometió el atentado que le costó la vida al precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, ayer fue sepultado Cristian Herrera, el periodista asesinado por informar, y así sucesivamente en todos los estamentos de la sociedad la muerte violenta aparece a todo momento.

Ahora que estamos en la recta final de la campaña presidencial gravita en el ambiente el ataque sicarial al joven senador del Centro Democrático que aspiraba a ocupar la silla principal en la Casa de Nariño.

Pero aunque la democracia colombiana permite, mediante el derecho a ser elegido, aspirar en la contienda y resultar ganador o perdedor en las urnas, los violentos actuaron en su contra y en el de sus seguidores, provocándole otra herida al país.

Es urgente que florezca la verdad sobre lo ocurrido en torno a este hecho que de nuevo manchó a la democracia, puesto que nada bien nos hará que pasen y pasen los luctuosos aniversarios mientras que las sombras sigan cubriéndolo de impunidad. Este es un riesgo real que ha llegado el momento de desmontar tanto en este como en otros crímenes.

Por el momento, contra la Segunda Marquetalia de la disidencia de las Farc se levanta el dedo acusador, aunque no hay una precisión contundente sobre los determinadores. Este punto es indispensable que se esclarezca, con el propósito de precisar si fue una acción directa de ese grupo armado ilegal o si, por el contrario, hace parte de una ‘coalición del mal’ con participación de otros interesados no descubiertos.

Los colombianos sin distingos exigen que haya un urgente esclarecimiento y se confirme la realidad de numerosas versiones no confirmadas que siguen circulando sobre el crimen que nos volvió a mostrar aquellos tiempos en que aspirar a la Presidencia era una misión de alta peligrosidad.

“No pararemos hasta llevarlos a todos a la justicia”, fue la respuesta gubernamental por intermedio del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en respuesta a las inquietudes sobre las acciones tomadas para capturar y llevar a los responsables al banquillo.

En eso no se puede descansar porque veamos cómo la actual campaña ha resultado impactada con advertencias de posibles atentados, lo cual obligó a reforzar las medidas de protección de los aspirantes que deben ir a hacer política en medio de elementos blindados y con escolta fuertemente armados.

Pero también al Estado le corresponde revisar todo lo relacionado con la política de seguridad en el territorio nacional que les garantice el derecho a la vida a los ciudadanos.

La justicia y los organismos investigativos tienen ahí una tarea ardua en la que no pueden dar el brazo a torcer hasta arrojar luces sobre este proceso y descubrir quién o quiénes dieron la orden de asesinar al congresista Miguel Uribe Turbay, nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala e hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada por el Cartel de Medellín.

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