Entre el primero de enero y el 31 de mayo de este año, 67 líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos fueron asesinados en Colombia.

Con esos datos se encuentran quienes acceden a la página web de la Defensoría del Pueblo, los cuales sirven para refrendar la  peligrosidad a la que están sometidos quienes ejercen liderazgos entre las comunidades.

Los violentos saben muy bien que debilitando el tejido social de esa manera tienen la opción de proceder a ejercer el control sobre poblaciones enteras, provocar desplazamientos o que ya nadie se atreva siquiera a organizarse y cada uno decida guardar silencio por temor.

El miedo a correr la suerte letal de esos 55 hombres y 12 mujeres que murieron a manos de quienes decidieron apagar su voz y sus liderazgos, finalmente es otro de los objetivos que persiguen aquellas organizaciones armadas ilegales o las bandas criminales, dentro de sus hostigamientos a la población civil.

Y tal vez se cree que son situaciones aisladas, pero el resultado de ponerle la lupa advierte situaciones tan complejas como las de abril, mes en el que ocurrieron veinte de estos casos sangrientos en el país.  
Pero debe observarse que en enero ocurrieron 13 hechos, en febrero 14, en marzo 7 y en mayo 13. Es decir, en ningún mes los líderes  se salvan de la muerte violenta en  las zonas rurales y urbanas de Colombia.

Tan delicado es el asunto, que otro dato entregado por la Defensoría del Pueblo hela la sangre: desde enero de enero de 2016 hasta el 31 de mayo de 2026, los registros marcan 1732 casos de ataques mortales contra quienes asumen la tarea de defender a las comunidades, los recursos naturales  y los derechos humanos en nuestro país.

Esto merece el mayor repudio y eleva la exigencia a las autoridades para que le otorguen la debida seguridad a estos liderazgos con el fin de prevenir de que sigan bajo ataque.

¿Y, adivinen? Al darle un repaso a la lista de departamentos afectados, en el quinto lugar se ubica Norte de Santander, después de Cauca, Antioquia, Arauca y Valle del Cauca. 

Y ese ranquin también nos reseña la coincidencia existente con áreas severamente afectadas por el conflicto armado.

¿Hasta cuándo deberemos seguir asistiendo a este doloroso episodio? ¿Cuántos muertos más deben poner quienes deciden desarrollar esa clase de actividades en favor de diversos sectores de la población colombiana?

Lo único cierto es que habrá de hacerse algo extraordinario, puesto que hasta la misma  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, en un informe que cubre el periodo 2022-2025 advierte la persistencia de la violencia y las causas estructurales que la sostienen, en medio de amenazas, ataques y altos niveles de impunidad contra los líderes sociales.

El organismo multilateral ratifica en su reporte que estos ataques buscan debilitar procesos organizativos y estrategias de resistencia comunitaria en el país, tan importantes dentro de la vida diaria en los barrios y veredas, tanto para evitar abusos como para exigir a los gobiernos el mejoramiento de las condiciones en que habitan las personas.

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