Desde hace unos cuantos años, por razón de su situación económica, Colombia enfrenta problemas a los que no está acostumbrada, con soluciones improvisadas, que no tienen nada de la consistencia y la coherencia que en realidad se necesitan.
Acostumbrada a exportar personas a los países más ricos, para tratar de quitar presión a su olla social siempre en ebullición, de alguna manera el papel que cumplía era el de crear problemas que hoy, revertidos, exigen soluciones que parece no tener.
Por razón de una cierta inmovilidad de las autoridades para enfrentar problema tras problema causados por inmigrantes irregulares de muchos países, en especial en el caso de Norte de Santander, las consecuencias se acumulan de manera inexorable.
Conocedores cercanos de la realidad fronteriza, vienen denunciando el avance de una práctica malsana que debe mover a todas las autoridades, locales, regionales y nacionales, pues se está atentando contra elementales derechos de los colombianos.
Según las denuncias, pequeños y medianos empresarios, en especial del sector del comercio, están aprovechando de manera creciente las ventajas que se obtienen de contratar inmigrantes venezolanos para sus empresas, pagándoles menos del salario legal, lo cual es grave. Toda violación de las leyes laborales es grave.
Los inmigrantes aceptan, gustosos, por cuanto la convertibilidad de bolívares y pesos los favorece con amplitud: les resulta muy atractivo vivir en Venezuela y venir a Cúcuta a trabajar, para regresar con dinero que en su país es hoy difícil de obtener.
Esta práctica que se venía venir, es todavía más grave en la medida en que para darles trabajo a los inmigrantes venezolanos, los comerciantes están despidiendo a sus trabajadores colombianos, a los que necesariamente deben pagarles los salarios fijados por la ley.
Los denunciantes hablan de supermercados, hoteles, restaurantes, tiendas y hasta pequeñas compañías de vigilancia, como las que están inmersas en prácticas que no se compadecen con las necesidades, realmente importantes, de la ciudad en materia de empleo.
En los últimos tiempos, Cúcuta ha ocupado siempre el primer lugar entre las ciudades con mayor desempleo en Colombia. En la última medición, correspondiente a marzo, 18 de cada 100 cucuteños en edad de trabajar estaban desempleados.
Ciudades como Armenia (16,9%) y Quibdó (15,6%), con las que antes Cúcuta disputaba el primer lugar de desempleo, parecen haberse distanciado.
Una razón para ello podría estar, precisamente, en el hecho de que, a pesar de que cada vez hay más puestos de trabajo, los cucuteños no los disfrutan y quienes sí, los inmigrantes, no son registrados por el Dane para sus estadísticas.
Hace algunas semanas, la Policía y organismos relacionados con la migración desataron algunas campañas de control de inmigrantes irregulares, con resultados más o menos aceptables. Pero esas campañas se suspendieron, o dejaron de ofrecer resultados positivos, porque sus responsables nada más han vuelto a decir de ellas.
Son esas soluciones improvisadas de las que se habló al comienzo, que fallan por su falta de permanencia y de coherencia: a los inmigrantes se les buscó en las calles, solo por unos días, entre los vendedores ambulantes. Pero ellos estaban en el comercio formal, donde continúan, como lo dicen los denunciantes.
Los inmigrantes venezolanos deben saber que en Colombia, son bienvenidos, siempre y cuando traigan su documentación en regla, incluso la visa que les permita trabajar legalmente. Pero, tal como ocurre en todos los países, las preferencias son para los nacionales, en este caso, los colombianos.
Y esto deben entenderlo con mayor claridad los empresarios que están violando normas legales de riguroso cumplimiento, y reglas de lógica elemental.
